La oferta de empleo público de Diputación para 2019 comprende 52 plazas

Toma de posesión empleados Diputación de Cádiz
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo
Actualizado 01/03/2019 22:11:57 CET

CÁDIZ, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha suscrito un decreto en el que se da publicidad a la oferta de empleo público de la Institución Provincial para 2019, que constará de 52 plazas, de las que 45 son de funcionarios de carrera y siete de personal laboral fijo.

Según ha indicado la Diputación en una nota, el acuerdo, adoptado en la mesa de negociación celebrada a finales de enero, se difundirá en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y sus convocatorias en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, ha explicado que la cobertura de estos efectivos está motivada por la oportunidad de reducir las tasas de temporalidad en el sector público y, en el caso concreto de la Diputación de Cádiz, compensar al alto nivel de jubilaciones en su plantilla.

Además, ha señalado que la oferta de empleo público de 2019 cumple con los principios de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. En su difusión, prevalecerán la seguridad jurídica para los aspirantes y la transparencia y las plazas revelan la diversidad de profesiones y oficios existentes en la Diputación, conforme a sus competencias y servicios públicos.

En el proceso, según ha explicado la Diputación, se reservan cuatro puestos para personas con discapacidad, cumpliendo la tasa legal del siete por ciento de las plazas aprobadas. Dos de estas plazas se incluyen en la convocatoria de ayudantes de recaudación, una para la de ayudante de servicios especiales y otra para la de ayudante agropecuario.

Las personas aspirantes en este cupo deben acreditar un grado de discapacidad de, al menos, el 33 por ciento, así como superar los procesos selectivos y estar capacitada para el desempeño de las tareas ofertadas.

Finalmente, Diputación ha señalado que en el presente mandato corporativo ha superado los años de restricciones obligados por una normativa promulgada en tiempo de crisis. Así, impulsa la renovación de su plantilla y reduce sus índices de contratación temporal.

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