SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-A), ha defendido este viernes, ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz, el principio de capacidad contributiva y progresividad fiscal que garantice que los ciudadanos contribuyan en función de sus recursos, así como la "necesidad social" de garantizar el principio de solidaridad y procurar que cada agente responda en función de sus responsabilidades.

Según ha explicado la organización en una nota, la comparecencia parlamentaria ha servido para trasladar sus valoraciones acerca del Proyecto de Ley 8-11/DL-000002, por el que se eleva el mínimo exento para personas con discapacidad y se regula el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía.

En este sentido, UCE-A ha valorado "positivamente" la recuperación de un impuesto sobre el patrimonio que grave las grandes fortunas, a la vez que ha considerado "adecuado" el mínimo exento de 700.000 euros establecido con carácter general en el artículo 28.2 de la Ley 19/1991 modificada por el Real Decreto Ley 13/2011, y el incremento en el tipo aplicable de un diez por ciento para incrementar la progresividad de la cuota en función de la capacidad económica creciente.

Al hilo de ello, la federación ha precisado que estas medidas, cuyo establecimiento califica de "positivo a efectos pedagógicos y sociales", definen "un marco de justicia fiscal redistributiva, coherente con el momento actual, en el que la capacidad económica debe ser referente esencial en un escenario en el que los impuestos directos sustentados en dicho principio deben colaborar al incremento de los ingresos".

Del mismo modo, UCE-A ha valorado el establecimiento del mínimo exento de 700.000 euros para personas con discapacidad "en la medida en que se adopten como elementos moduladores el grado de discapacidad personal, las rentas personales y la procedencia de dicho patrimonio".

De esta manera, la organización de consumidores aboga por que queden exentos "aquellos patrimonios procedentes de indemnizaciones destinadas a compensar dichas discapacidades", a la vez que se garantice "un tratamiento no lineal de situaciones social y económicamente desiguales", si bien ha remarcado que es "conveniente" que el Parlamento de Andalucía proceda a redactar "con mayor claridad" este precepto para garantizar la interpretación aportada desde UCE-A.

REFLEXIONES SOBRE LA "DIFÍCIL" SITUACIÓN ECONÓMICA

Por otro lado, la citada organización ha querido recalcar en su comparecencia parlamentaria que es "plenamente consciente" de la "difícil" situación económica "motivada por la crisis financiera", y de "la necesidad de adoptar medidas rigurosas que sirvan para corregir esta situación y permitan afrontar el futuro con mayor optimismo".

Sin embargo, se ha mostrado "molesta" porque, en su opinión, "los auténticos culpables de esta situación siguen indemnes ante sus consecuencias y han trasladado y seguirán trasladando sus consecuencias a la ciudadanía, y particularmente a las clases de capacidad adquisitiva media o baja, acuciadas por el desempleo, la congelación de las pensiones y el incremento de la presión tributaria". Por eso, ha solicitado "abordar las medidas fiscales buscando el equilibrio entre el esfuerzo exigible a la ciudadanía y su capacidad económica".

Por último, UCE-A, a la hora de plantear soluciones para reducir el déficit público, se ha decantado por un "cóctel ponderado" entre aquellas medidas que buscan la reducción del gasto y las que persiguen un aumento de los ingresos mediante un incremento de la fiscalidad, ya que, a su juicio, así se podría encontrar el "punto de equilibrio necesario" para remontar la actual "dura tesitura", si bien ha recalcado que, en cualquier caso, "no deberían verse socavados aspectos básicos del Estado del bienestar".