SEVILLA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha dado cuenta del abono a los centros educativos públicos de 17,3 millones de euros antes de finalizar el año 2016 en gastos de funcionamiento, concepto que cada curso escolar, en distintos plazos, el Gobierno andaluz transfiere para repercutir en compras menores --material escolar no inventariable--, mantenimiento de edificios, adquisición de material de los departamentos y aulas o consumo de electricidad y agua.
La Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adian) pretende en este sentido que se recupere la partida específica para pequeñas reparaciones en infraestructuras que vino transfiriéndose hasta el curso 2010-2011, al margen de la de gastos de funcionamiento, a los institutos de la región, según especificó a Europa Press su presidente, Gabriel Ureña.
Y es que los centros se ven obligados a día de hoy a acometer los mismos dispendios en concepto de gastos corrientes y reparaciones a pesar de que el presupuesto de gastos de funcionamiento ha descendido entre un 12 y un 13 por ciento.
En este sentido, la Consejería de Educación ya anunció que estudiará, de cara a cursos escolares futuros, la conveniencia de volver a recuperar este montante, según aseguraba en una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press, a pregunta del Grupo Popular, la consejera del ramo, Adelaida de la Calle, que sí subrayaba que el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad para el presente ejercicio 2016 no preveía esa partida específica.
La Consejería, por otra parte, confirmó a finales de 2015 al sector de directores de instituto de la comunidad que sí se mantenía para este año la partida presupuestaria de gastos de funcionamiento, cuyo recorte acumulado, desde que en el año 2012 comenzaron las reducciones como consecuencia de las medidas urgentes de racionalización del sector público en este ámbito puestas en marcha por el Gobierno central, Educación ha cifrado en el 20 por ciento.
El conflicto afecta periódicamente a los centros de Educación Secundaria, que apuntan a los retrasos en los pagos. Cuando la administración autonómica no contaba con problemas de liquidez derivados de los recortes, el abono establecido para el pago del primer plazo era en torno al mes de noviembre.
