ALÁJAR (HUELVA), 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Huelva ha pedido dos años de prisión y diez de inhabilitación para la exalcaldesa de Alájar Carmen Osorno por presunta prevaricación urbanística en relación a las construcciones ilegales de la aldea del Calabacino, perteneciente a su término municipal. Osorno, que no resultó reelegida en las pasadas elecciones municipales, renunció el pasado 11 de septiembre a su acta como concejal socialista.
Según recoge el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público la acusa de un delito continuado de prevaricación urbanística, de manera que pide para ella la pena de dos años de prisión, una multa de 4.320 euros y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público de carácter electivo en cualquier administración local.
Asimismo, la Fiscalía recuerda que la acusada ostentó desde el 19 de abril de 2010 y hasta 2019 la alcaldía del municipio de Alájar, en cuyo término municipal y dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se encuentra la conocida como 'Aldea del Calabacino'.
Desde fecha indeterminada, empezaron a instalarse en dicha aldea diversas personas procedentes de toda España y del extranjero con la intención de residir de forma permanente, por lo que adquirieron en contratos privados o en escritura pública pequeñas fincas rústicas de menos de una hectárea donde iniciaron la construcción y/o rehabilitación de edificaciones en ruinas en caso de existir estas, "sin solicitar las preceptivas licencias para ello".
Detectada esta situación por agentes de medio ambiente del Parque Natural de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se comunicó a esta Fiscalía en febrero de 2014 la existencia de una construcción residencial que había sido finalizada en 2006, que carecía de licencia y que por estar hecha de 'madera y alpacas de paja', suponía "un grave riesgo de incendios forestales".
Dado que la construcción estaba penalmente prescrita se interesó de la reseñada delegación el ejercicio de sus competencias urbanísticas y la información de cualquier nuevo hecho con relevancia penal.
Así las cosas, se remitieron a la alcaldesa diferentes comunicaciones para reclamar el cumplimiento de la legalidad pero, "pese a que conocía" esa y otras nuevas construcciones desde el Consistorio "no se incoó expediente de restauración de la legalidad" alguno.
En definitiva, el Ministerio Fiscal señala que, de las investigaciones policiales y con independencia de aquellos casos de construcciones penalmente prescritas, se han formulado ante los juzgados de Aracena diversas denuncias que han terminado hasta el momento en cuatro sentencias condenatorias de conformidad y una absolutoria parcial.
Y, "en todos los casos, el Ayuntamiento no había incoado ni un sólo expediente sancionador o de restauración de la legalidad, ni dado cuenta a la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ni al Parque Natural, ni en general adoptado ninguna medida para el cumplimiento de la legalidad urbanística", prosigue la Fiscalía.
Además, de cara a la vista oral, la Fiscalía pide la declaración de la acusada, diversas testicales de agentes de Medio Ambiente y del secretario municipal, entre otros. Respecto al ámbito pericial, solicita la declaración del director del Parque Natural, o de inspectores de Urbanismo de la Junta.
Finalmente, en su escrito la Fiscalía recuerda que, al tomar posesión en 2019 la nueva corporación municipal, se encontraron una situación "caótica" en lo referente a los expedientes municipales de tal forma que manifestaron el pasado mes de junio su intención de personarse en la causa como perjudicados.
Andalucía
