Publicado 05/03/2021 11:10CET

Adelante pide a Diputación que inste a Junta "a frenar puesta en marcha" de pin parental

Las diputadas de Adelante en Diputación en una imagen de archivo
Las diputadas de Adelante en Diputación en una imagen de archivo - ADELANTE EN DIPUTACIÓN

MÁLAGA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante en la Diputación de Málaga ha registrado una iniciativa para que la Diputación de Málaga inste a la Junta de Andalucía "a frenar la puesta en marcha" del pin parental, al que han calificado de "censura educativa" por entender que "es contrario a nuestra Constitución, a la legislación educativa autonómica y estatal vigente, a la Ley contra la Violencia de Género y de preceptos fundamentales internacionales".

Desde la coalición de IU y Podemos han incidido en que "la educación es un derecho fundamental de todas las personas y tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, al mismo tiempo que recoge la libertad de enseñanza. Así lo recoge la Constitución Española en su artículo 27.1 y 27. 2".

Han recordado en un comunicado el acuerdo firmado por Educación y Vox el miércoles 10 de febrero "para impulsar en este semestre los cambios normativos necesarios para la implantación del pin parental en el sistema educativo andaluz".

Según la coalición "la medida pretende que los padres tengan derecho a vetar ciertas actividades que se desarrollan en coherencia con los contenidos curriculares y los principios educativos que se contemplan en las diferentes leyes, decretos y órdenes educativas y que además se imparten dentro del horario escolar".

Asimismo, IU y Podemos han recordado que el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en su artículo 4.c., señala que uno de los principios de la etapa de Primaria es "la igualdad como principio transversal que garantiza a todo el alumnado el derecho a alcanzar el máximo desarrollo desde el respeto a la diversidad e interculturalidad".

También, han continuado, en su artículo 5.d. se plantea como uno de los objetivos de la etapa "la igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de género y la no discriminación por cualquier condición personal o social".

"Esta censura educativa es contraria al citado Decreto y a la propia Constitución ya que vulnera el derecho fundamental a la educación recogida en el artículo 27 de la misma. La finalidad de la Educación es el desarrollo integral de las personas y la educación en el respeto a los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales que recoge nuestra Constitución", han agregado.

Asimismo, han advertido de que el pin parental, en este sentido, "atenta contra la libertad y derecho a la Educación además de contradecir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia o el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia".

"Es evidente que estamos ante una censura educativa claramente ideológica que pretende implantar de manera directa la formación de ultraderecha Vox, con el apoyo de PP y Ciudadanos, en los centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma. En vez de trabajar en un pacto educativo quieren implantar por la fuerza sus ideas, confundiendo a los padres al hacerles creer que pueden modificar los contenidos curriculares establecidos por ley", han dicho.

Por otro lado, han recordado que en el Ayuntamiento de Málaga el pasado mes de febrero los grupos PP y Cs votaron de forma favorable al acuerdo de la moción sobre el día de las Mujeres del 8M presentada por el grupo Adelante Málaga, donde se instaba "a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que no se prestara a las exigencias de Vox, y desistiera de la implantación del pin parental, por ser un elemento contrario a la prevención de conductas desigualitarias y machistas".

Por último, Adelante ha considerado que la implantación del pin parental posibilita el "veto" en los centros educativos, la formación "fundamental "para el desarrollo de los niños, "desautoriza y deslegitima" al profesorado, "vulnera" los derechos del alumnado y "pone en peligro la convivencia social".