VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) ha efectuado los primeros decretos de cierre a dos establecimientos del núcleo de Torre del Mar por carecer de las correspondientes licencias, ambos en la zona de ocio de El Copo, tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena al Consistorio a indemnizar a 18 vecinos del complejo 'Ipanema' por contaminación acústica. El alcalde, Francisco Delgado Bonilla (PP), anunció hoy que la próxima semana se ejecutarán 12 órdenes más de cierre de locales, algunos de ellos por carecer de licencia de apertura y otros por haber modificado la estructura de los inmuebles sin las correspondientes autorizaciones. Éstas han sido algunas de las medidas tomadas por la Comisión de Trabajo Antirruido, constituida la semana pasada, con el objetivo de seguir y controlar las actividades ejercidas por los establecimientos para evitar que vulneren la normativa contra el ruido y que ajusten su actividad a la licencia concedida en cada caso. Asimismo, Delgado Bonilla informó de que se están examinando "numerosos expedientes" de apertura de establecimientos "para comprobar si la actividad de los mismos coincide con la distribución del local en el que se efectúan". Otra de las actuaciones que ya se han llevado a cabo se ha producido en la calle Levante, donde se ha ejecutado el levantamiento de algunas terrazas que estaban ocupando la vía pública de forma irregular.
SANCIONES
"Con todas estas actuaciones el Ayuntamiento de Vélez-Málaga tiene como objetivo que casos como el del conjunto 'Ipanema' no vuelvan a producirse en la localidad, ya que éste le ha valido al Ayuntamiento una condena del Tribunal Supremo por la que tendrá que indemnizar a los vecinos con 2,8 millones de euros debido", explicó Delgado Bonilla. Así, con la nueva Ordenanza Municipal Contra la Contaminación Acústica, que será aplicable a partir de septiembre, el Ayuntamiento podrá imponer sanciones económicas de hasta 300.000 euros a los establecimientos que incumplan la normativa. El regidor popular, las infracciones muy graves podrán suponer, además de una multa de entre 12.001 y 300.000 euros, el cierre definitivo, total o parcial de las instalaciones y el precintado temporal o definitivo de equipos y máquinas, así como la clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo no inferior a dos años ni superior a cinco. La ordenanza también contempla infracciones graves y leves. Para las primeras se estipulan sanciones que van desde los 601 euros hasta los 12.000. Este tipo de infracciones también pueden suponer la clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo máximo de dos años.
En cuanto a las infracciones leves, contemplan sanciones económicas de hasta 600 euros, y comprende la falsedad, ocultación o manipulación de datos en el procedimiento de prevención ambiental o el no facilitar información sobre medidas de emisiones en la forma y periodos que se establezcan.
Según esta normativa, serán consideradas infracciones muy graves la ocultación o alteración maliciosa de datos relativos a la contaminación acústica aportados a los expedientes administrativos que sirvan para obtener autorizaciones o licencias relacionadas con el ejercicio de las actividades reguladas por la propia ordenanza y también la comisión de dos o más infracciones graves firmes en el periodo de un año, entre otras.
Además, serán infracciones graves el impedir, retrasar u obstruir la actividad inspectora y de control del Ayuntamiento o no facilitar el acceso para realizar mediciones y comprobaciones de los niveles de ruidos.
