MÁLAGA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga presentará en el pleno del próximo jueves una moción en la que denunciará "la política de bloqueo" que ejerce la Junta de Andalucía con la ciudad.
"Vamos a denunciar el bloqueo al desarrollo que la Junta nos está imponiendo, vamos a pedir la autonomía de competencia municipal porque todas estas actuaciones están consiguiendo que ahuyentemos a los inversores privados", según apuntó hoy el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz.
El edil apuntó ante los medios que "el capital inversor se va fuera de Málaga porque el Gobierno andaluz está consiguiendo que Málaga sea un lugar con incertidumbre, inseguro y donde las grandes empresas no puedan invertir", al tiempo que apuntó que "si Málaga no se desarrolla y no se llevan a cabo importantes proyectos, se para y no se puede crear riqueza, ni productividad ni puestos de trabajo".
Díaz puso de ejemplo la aprobación el pasado 14 de agosto de la construcción de más de 3.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Lagar de Oliveros, un proyecto del que todavía el Gobierno andaluz no se ha pronunciado, así como el "bloqueo" de los planes especiales aprobados por el Ayuntamiento y que "la Junta de Andalucía está persiguiendo judicialmente, como es el caso de la zona de La Princesa".
Otro ejemplo que señaló son los convenios para el acondicionamiento de arroyos, sobre los que lamentó que "se demuestra que hay una doble vara de medir entre Málaga y otras capitales andaluzas como Sevilla", puesto que, en el caso de la capital hispalense, "ya se ha prorrogado y se ha agotado todo el presupuesto, mientras que en Málaga no se ha consumido ni el 40 por ciento de los proyectos que se recogieron".
Asimismo, subrayó que el Ayuntamiento propone sus proyectos por los cauces "legales y reglamentarios", como es la ampliación del Centro de Transportes de Mercancías (CTM), donde el Gobierno andaluz "está invadiendo competencias del Consistorio para ejecutarla".
El popular manifestó que "hay otras provincias andaluzas en la que las construcciones de altura no se bloquean, sino que se agilizan como es el caso de Sevilla, Córdoba, Almería, Cádiz y también en Huelva, y en Málaga, siempre que la ley se interpreta, se interpreta para poner al Ayuntamiento en una situación más desfavorable y para perjudicarlo todo lo posible".
PGOU
En referencia al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sobre el que Díaz dijo que "también hay muestras del bloqueo" por parte de la Junta, aseveró que "no nos opondremos para que se apruebe lo antes posible, siempre y cuando --resaltó--, aquellos proyectos que nosotros entendemos que son necesarios y vitales para el desarrollo de Málaga se aprueben".
Así, dejó claro que "no nos van a aburrir, que al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y a mí no nos gana nadie en persistencia", ante lo que agregó que "defenderemos todos y cada uno de los proyectos hasta las últimas consecuencias y si hace falta, llegaremos hasta la justicia ordinaria".
El responsable municipal de Urbanismo recordó que la delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, calificó el planeamiento como "ambicioso, al haber firmado convenios por 100 millones de euros". Por ello, se preguntó "qué calificativo tendrá el PGOU de Sevilla cuando se han firmado convenios por más de 800 millones de euros".
Del mismo modo, Díaz aseguró que "la Junta se contradice", ya que, por un lado, parece que se consiguen acuerdos con la Secretaría de Ordenación del Territorio y, por otro, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Delegación Provincial de Medio Ambiente "corta de raíz todos estos proyectos que intentamos consensuar", algo que, en su opinión, "al final perjudica a Málaga y a los malagueños".
Respecto a algunos de estos proyectos, como Arraijanal y Repsol, "aunque la DIA argumenta que los suelos evaluados desde el punto de vista ambiental son aquellos que son sistemas generales, afectan al suelo urbanizable o son suelos de nueva clasificación --expuso--, ni Arraijanal ni Repsol cumplen ninguna de estas premisas porque son suelos que ya fueron evaluados ambientalmente en la aprobación del PGOU de 1997".