Solicita la prórroga de la prisión provisional sin fianza y, en caso de acordarse, elevar la cuantía de la misma a cinco millones de euros
MÁLAGA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía interpuso hoy ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto del pasado 27 de marzo en el que el juez del caso 'Malaya', Óscar Pérez, fija una fianza de un millón de euros al presunto cerebro de la trama de corrupción en el Consistorio marbellí, Juan Antonio Roca, para que pueda salir de prisión.
En este documento, la Junta solicita la prórroga de la prisión provisional sin fianza hasta el límite legal máximo, y subsidiariamente, en caso de acordarse la prisión provisional eludible mediante fianza, que se fije en cinco millones de euros y que se contemple también la prohibición de acercamiento a puertos y fronteras.
El Gobierno andaluz justifica la petición de prorrogar la prisión provisional sin fianza insistiendo en "la constitucionalidad de esta medida en casos como el presente, por la concurrencia de circunstancias que justifican la excepcionalidad de la medida como el riesgo elevado de fuga, que el propio auto reconoce", según informó la Junta en un comunicado.
Un riesgo que se deriva de la pena que podría llegar a imponerse en este sumario, sustancialmente superior a la petición de pena de 10 años que contra el procesado se formuló en las diligencias previas. "El riesgo, además, se acrecienta por la indudable existencia de fondos en el extranjero, de los que el procesado pueda disfrutar", afirmaron.
Ante tales circunstancias, la Junta de Andalucía manifestó su disconformidad con el instructor del caso en la posibilidad de sustituir la prisión por otra medida cautelar porque no comparte la entidad que el auto otorga al hecho de que el procesado se haya sometido hasta ahora a la acción de la Justicia y de la que se extrae la confianza en que no eludirá su responsabilidad en el presente sumario.
En este sentido, en el recurso también se señala la necesidad de prorrogar la prisión preventiva sin fianza para asegurar la ejecución del fallo, la cual, según apuntaron, "hay que contemplar no sólo desde la perspectiva punitiva, sino también desde la perspectiva de la reparación del perjuicio económico, en este caso posible ante el gran patrimonio intervenido".
ELEVAR LA FIANZA.
El recurso presentado hoy manifiesta también la disconformidad de la Junta con el importe de la fianza fijada en el auto para eludir la prisión provisional. Así, en el escrito se indica que la cuantía de un millón de euros, "aún cuando pueda parecer elevada, carece de efecto disuasorio alguno atendiendo a los datos que constan en este sumario".
Al respecto, la Junta recordó "el importante patrimonio que el procesado habría acumulado en España, cuya entidad real es desconocida, puesto que la valoración que el propio auto fija provisionalmente en 200 millones de euros lo es sólo de la parte hasta ahora conocida, y también la existencia de otras cifras que reflejan un ritmo de acumulación de capital que sugiere que el patrimonio intervenido no representa la totalidad y que el no aflorado se encuentra en el extranjero, cuya cuantía, aún no concretada, puede ser también de notable entidad".
En consecuencia, consideró que "no es irrazonable exigir para garantizar la presencia del procesado una fianza por importe de cinco millones de euros", ya que "supone solamente el 2,5 por ciento del patrimonio conocido del procesado en España, por lo que no es ilusoria la posibilidad de que pueda hacer frente a ella".
La Administración autonómica solicitó, por último, en su recurso la ampliación de las medidas cautelares complementarias que se adoptan en el auto para el supuesto de que el procesado presente la fianza, entendiendo que se debe contemplar también la prohibición de acercamiento a puertos y fronteras, en iguales términos que se especifica en relación a los aeródromos.
