MÁLAGA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto seguir este lunes día 4 de abril el juicio por la operación urbanística desarrollada en la finca 'El Pinillo' de Marbella (Málaga). En esta sesión continuará el interrogatorio al exasesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, que ya comenzó la pasada semana a declarar ante el Tribunal.
La vista oral comenzó el día 8 de marzo con las cuestiones previas de las defensas, que alegaron vulneración de derechos fundamentales, por un doble enjuiciamiento con el caso 'Malaya', y la prescripción. De hecho, la Sala declaró prescritos los delitos por los que se acusaba a cuatro de los procesados, entre ellos el exinterventor municipal José Antonio Castro, que quedaron fuera del proceso.
En este juicio, siete exediles se declararon culpables de un delito de prevaricación y aceptaron los ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público pedidos por la Fiscalía Anticorrupción. Eran los exconcejales Marisa Alcalá, Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones, Javier Lendínez y José Luis Troyano.
La Sala ha fijado inicialmente 37 sesiones, con la previsión de terminar la vista oral a finales de octubre. Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuenta.
Ya han declarado el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes y el exalcalde marbellí Julián Muñoz, quien aseguró que firmó convenios y todos los documentos que le ponían delante "para defender mi sueldo", porque "era muy cómodo ganar un buen sueldo" así y para que "no me pusieran de patitas en la calle", ya que, dijo, "el que no cumplía a rajatabla lo que el señor Jesús Gil decía le duraba un segundo".
Así, sobre la operación urbanística en sí, Muñoz, que salió el pasado viernes de permiso de fin de semana por primera vez en tres años, aseguró que no sabe "ni dónde está la finca, ni cómo se elabora el expediente. No he participado en este asunto en nada y he firmado todo lo que me han pasado del Ayuntamiento", reconociendo las rúbricas que se le han mostrado.
Insistió en que, aunque Gil estuviera inhabilitado, "su sombra era muy alargada" y era él quien llevaba estos asuntos y el que daba las órdenes, reiterando lo que ya ha dicho en otros juicios, que firmaba convenios "hasta en el capó de los coches". Además, lamentó que "a día de hoy, siguen bajando diligencias previas, después de muchos años. ¿Usted cree que me voy a acordar?".
Sí señaló que el propietario original de la parcela era amigo personal de Gil. En esto coincidió el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, quien dijo que "la compra de la finca fue para hacerle un favor" y que nunca hubo intención de expropiar, sino que fue "una farsa", por lo que declaró que mientras que Gil estuvo vivo, el que era dueño "nunca pidió la reversión de la finca, porque no podía tener la cara dura de pedir algo que se había hecho por un favor".
La Fiscalía Anticorrupción considera que a través de la operación urbanística desarrollada en dicha finca se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados, a partir de la expropiación, subasta y posterior transmisión de los terrenos, que en el proceso se revalorizaron.
A Roca se le acusa de los delitos de cohecho, por el que, además de prisión, solicita seis millones de euros de multa; estafa, fraude, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. La acusación pública pide en sus conclusiones iniciales 15 años de cárcel para el exasesor.
En lo que respecta a Muñoz, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, el ministerio fiscal solicita inicialmente una pena de 11 años de prisión.
La acusación pública sostiene inicialmente que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella "los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros".
La finca pasó a ser urbanizable, "en claro perjuicio para el Ayuntamiento y respecto de sus anteriores propietarios". El fiscal relata una serie de operaciones "encadenadas" de transmisión del crédito hipotecario "que la gravaba" y en las que Roca participó, según el escrito, como interlocutor del Ayuntamiento, pero también a través de empresas para adquirir la deuda.
