MÁLAGA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ex alcalde del municipio malagueño de Sayalonga José Luis Navas ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Málaga de la condena impuesta en noviembre pasado por un delito urbanístico, lo que motivó la dimisión de su cargo, según informaron fuentes del Ayuntamiento de la localidad.
Así, un juzgado de lo penal de Málaga le condenó a un año de prisión y nueve de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público, incluido el de alcalde, al entender que concedió una licencia "ilegal" y, posteriormente, archivó "sin justificación alguna" el expediente de restablecimiento de la legalidad.
En la sentencia, contra la que se presentó el recurso de apelación ahora resuelto, se condenó a Navas por un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, mientras que se absolvía al constructor acusado del mismo delito. Además, se declaró la nulidad de la licencia concedida al promotor.
En dicha resolución se consideró probado que el Ayuntamiento aprobó la concesión de licencias de obra para la construcción de vivienda unifamiliar en una parcela de la zona de 'Pago Batahiz' mediante decreto de marzo de 2000 en el que se condicionaba el inicio a la presentación del correspondiente proyecto de ejecución y dirección facultativa.
Tras la sentencia condenatoria, Navas presentó su dimisión y la dirección provincial del PSOE destacó que el ya ex primer edil "siempre" había actuado "con honradez y honestidad en el ejercicio de sus responsabilidades públicas al frente del Ayuntamiento". En ese momento, asumió la Alcaldía la también socialista Lourdes Ruiz quien aseguró que Navas había "dejado el listón muy alto" para trabajar.
A este respecto, Ruiz manifestó hoy a Europa Press que "se encuentran eufóricos" porque "es lo mejor que nos podía pasar", ya que, aseveró, "desde el primer momento, hemos señalado la situación como injusta". "Son las mejores noticias que se nos podían dar", insistió.
No obstante, Navas tiene pendiente otra acusación por parte de la Fiscalía por cuatro delitos de prevaricación urbanística, por la aprobación de proyectos de actuación para viviendas unifamiliares y la concesión de las correspondientes licencias "en contra" de las normas. Por este procedimiento, el fiscal pide para el ex alcalde un año de prisión y nueve de inhabilitación por cada delito.
