Tribunales.- Paga la fianza el abogado imputado por su presunta vinculación en la trama de blanqueo de Marbella

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado detenido por su presunta vinculación con una supuesta red de empresas interpuestas para eludir impuestos pagó la fianza de 60.000 euros impuesta el pasado jueves por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella (Málaga), Gonzalo Dívar, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.

El juez decretó prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para este letrado con iniciales J.J.G.C., que abonó dicha cantidad el pasado viernes, según precisaron otras fuentes del caso. A éste se le imputan inicialmente los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

El instructor decretó libertad sin fianza pero con cargos para otras cuatro personas, con iniciales M.T.C.M., M.T.M., F.R. y M.G., a quienes también se les imputan inicialmente por los mismos delitos y a los que se les impuso la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado.

Agentes de la Guardia Civil arrestaron la pasada semana a varias personas, entre ellas algunos abogados, que presuntamente habrían urdido una red de empresas interpuestas para eludir el pago de impuestos. Esta operación se realizó de forma simultánea en la Costa del Sol, en Londres y en Gibraltar.

El 'modus operandi' de esta trama era supuestamente captar a adinerados ciudadanos extranjeros que hacían uso de la red de empresas interpuestas creada por los detenidos para evitar el pago de impuestos. Estas empresas figuraban en diversos paraísos fiscales como Gibraltar y las Islas Vírgenes.

Al mismo tiempo, recibían una participación en esas empresas de la trama, que invertía el dinero obtenido en comprar residencias de lujo ubicadas en la Costa del Sol. En el marco de esta operación, que fue desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, junto con la Policía inglesa y la Fiscalía Anticorrupción, se registró otro despacho de abogados en Gibraltar y dos más en Marbella.

La investigación se inició en 2006, según informaron fuentes del caso, quienes apuntaron que la complejidad del asunto y la necesidad de establecer cooperación judicial, en concreto con Reino Unido y con Gibraltar, fueron los elementos que llevaron a que se prolongase la investigación, dirigida por el Juzgado de Marbella y Anticorrupción.