Niega que quisiera facilitar la construcción u otorgamiento de licencias ilegales
MÁLAGA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario municipal en el Ayuntamiento de Almogía (Málaga) declaró hoy como imputado ante la jueza de Instrucción número 12 de la capital dentro del caso por presuntas irregularidades urbanísticas y aseguró que en sus informes sólo entraba o se refería a aspectos del procedimiento y formales de los expedientes y no a los técnicos.
A este funcionario, cuyo nombre responde a las iniciales A.A.T., se le imputan cuatro delitos de falsedad, contra la ordenación del territorio, negociación y actividades prohibidas a funcionarios públicos y prevaricación, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
En su declaración, según precisaron otras fuentes, aseguró que los informes eran estándar, aunque señaló que por eso no los considera confusos respecto a la legislación sino "rigurosos". Además, incidió en que su informe sólo informaba sobre legislación aplicable respecto a régimen jurídico y procedimentales, que es lo que le compete.
Negó que con este tipo de dictámenes jurídicos quisiera facilitar la construcción u otorgamiento de licencias ilegales, asegurando que no tenía conocimientos para decir si eran favorables o no o para valorar el proyecto técnico. Además, declaró que no tiene conciencia o voluntad de haber realizado un delito.
Asimismo, se le preguntó si sabía que la Policía Local realizaba certificados de antigüedad y manifestó que hacía informes no certificaciones respecto al estado de la parcela, aunque matizó que los particulares aportaban proyectos visados. A este respecto, dijo desconocer quién ordenaba hacer esos informes y que era la práctica "habitual".
También se le preguntó por la construcción de una vivienda suya y de otra para su hermano. Según las fuentes, el secretario indicó que la resolución dictada por el alcalde, Cristóbal Torreblanca, sobre la licencia de su parcela se ajustaba a derecho y además precisó que no está terminada y que obtuvo la licencia en 2005, tras encargar el proyecto técnico conforme a las normas subsidiarias.
Además del secretario, cuya declaración se prolongó durante buena parte de la mañana, declararon en el juzgado otras tres personas. Así, al policía local F.L.D. se le imputan los delitos de negociación prohibida a funcionarios y falsedad; mientras que a M.T.L.G. se le imputan estafa, falsedad y tráfico de influencias.
Asimismo, a B.A.H., funcionaria encargada de instruir los expedientes de disciplina o legalidad urbanística se le imputa un delito de falsedad. Otro hombre, arquitecto municipal, citado para hoy, no compareció finalmente al presentar su abogado un certificado médico.
Para mañana está previsto que declaren siete personas, entre ellas el alcalde, Cristóbal Torreblanca, a quien la Guardia Civil imputa los delitos de prevaricación urbanística, en relación a órdenes de paralización y concesiones, y falsedad documental; dos ediles y otro agente municipal.
El instituto armado inició esta investigación por un presunto delito de prevaricación, aunque también investigan otros como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial realizaron a finales de octubre un registro en el Ayuntamiento y en la Casa de la Cultura, donde se encuentra un archivo municipal, en el que intervinieron varios expedientes urbanísticos.
