Adelante Andalucía llevará al Parlamento andaluz los problemas para abortar en la provincia de Jaén

JAÉN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía llevará la próxima semana al Parlamento andaluz los problemas que tienen las mujeres de la provincia de Jaén para ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), hasta el punto de que es la única provincia andaluza donde no se puede abortar ni en la sanidad pública ni en la privada.

Así lo ha avanzado el portavoz de la formación y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, tras reunirse en Jaén con miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Jaén y con el colectivo Feministas 8M de Jaén para abordar problemas sanitarios.

García, en declaraciones a los medios, ha denunciado "el abandono permanente" a Jaén, "una provincia olvidada y un territorio de sacrificio" a la que "las instituciones no le prestan atención para garantizar los derechos de sus vecinos y vecinas.

García ha puesto el foco en que "el derecho al aborto no se cumple en la provincia de Jaén". "Ya no es que no se pueda abortar en la sanidad pública, que es lo que querríamos", ha dicho el portavoz, "es que en Jaén no se puede abortar ni siquiera en la privada".

Así, ha denunciado que ahora mismo a las mujeres que necesitan ejercer o que quieren ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, se les está derivando a Málaga, a Granada, a Sevilla o a Córdoba, y sin ni siquiera cubrirles el desplazamiento.

Para Adelante Andalucía, "el derecho al aborto es un derecho que debería estar garantizado para todas las mujeres y en la provincia de Jaén eso no se cumple" por lo que desde la formación llevarán la próxima semana al Parlamento un Proposición No de Ley (PNL) para que se debata y se posicionen todos los grupos parlamentarios.

"Esto afecta a más de 800 mujeres todos los años, que se tienen que ir fuera costeándose sus desplazamientos, sus alojamientos si se tienen que pasar más de un día a otras provincias", ha dicho García, que ha añadido que "no se garantiza el derecho que recoge la ley a una asistencia psicológica posterior".

García ha indicado que no se trata de una cuestión "opcional", sino que es "un derecho que lo recoge la ley y se tiene que cumplir se esté de acuerdo o no".