GRANADA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), se desvinculó hoy del supuesto desfalco de 142.000 euros cometido en la concesionaria del servicio de autobuses de la capital, Rober S.A., por parte de un trabajador, al considerar que el Ayuntamiento no tiene la obligación de controlar su gestión interna por ser una empresa privada.
Así lo indicó hoy Torres Hurtado a preguntas de los periodistas después de que ayer las portavoces de los grupos municipales del PSOE e IU, Carmen García Raya y Lola Ruiz, exigieran al equipo de gobierno la puesta en marcha de una investigación para aclarar este asunto, que achacaron a una "falta de control" del PP.
"Con estos comentarios no sé si llorar o reír", ironizó el regidor antes de incidir en que la misión del Ayuntamiento es controlar la calidad de la prestación del servicio en cuanto al cumplimiento de los horarios y las condiciones de los autobuses.
"Pero que digan estas señoras que tengo que controlar la empresa por dentro y su gestión es lo único que me falta", añadió y vinculó las declaraciones de las ediles al "desconocimiento".
Así, consideró que tanto Raya como Ruiz "son mayorcitas para saber cómo funciona este país y los contratos --de los ayuntamientos-- con las empresas", por eso --sentenció-- "voy a reírme y no llorar".
Fue el pasado lunes 27 de abril cuando el Cuerpo Nacional de Policía detuvo al encargado de elaborar las nóminas en Rober acusado de haber defraudado más de 142.000 euros al incluir en la lista de asalariados a personas que nunca trabajaron en la empresa.
El gerente de Rober, Guillermo Robles, explicó ayer a Europa Press que el desfalco, competido supuestamente por el administrativo, que quedó en libertad con cargos, fue descubierto cuando éste se encontraba de vacaciones en Colombia. En una operación rutinaria, se revisaron las listas de contratados y se comprobó que en ella figuraba el nombre de un empleado "que nadie conocía".
Así, el pasado jueves se tuvo conocimiento de que esta operación se ha podido prolongar durante casi tres años, durante los cuales, según los primeros indicios, el acusado dio de alta en la Seguridad Social a cinco o seis personas más, entre ellas a su propia mujer.
