SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha mostrado este miércoles "mucha preocupación" por los tres miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que se enfrentan a peticiones de cárcel acusados de un delito de desorden público tras los actos de protesta que llevaron a cabo el 4 de marzo de 2021 por un despido en la Delegación Territorial de su departamento en la Junta en Granada, pero ha señalado que "ni va a interferir en las decisiones judiciales ni tampoco le va a decir a la Asesoría Jurídica y al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía lo que deben hacer".
"Se trata de un procedimiento que ya se encuentra judicializado, por lo que tendrá que llevar su cauce legal", ha señalado en respuesta a una pregunta en la sesión del control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento andaluz del diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García.
"No sé si lo que me está pidiendo aquí es que yo, de alguna forma, capitané una propuesta que retire a la Junta de Andalucía de ese procedimiento. No es mi competencia", ha insistido Bernal, quien ha apuntado que la Asesoría y el Gabinete "han tomado una posición basada en unos hechos que se han calificado como delito de ocupación de una sede administrativa".
Así, se ha mostrado cercano a la situación en la que se encuentran estos trabajadores, pero se ha quejado de que se "le impute una falta de empatía" cuando "han cometido unos delitos, están siendo procesados en el ámbito judicial y habrá que esperar a que se resuelva la cuestión".
Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García le ha pedido al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que retire la acusación particular que pide cinco años de presión a dos limpiadores y un sindicalista tras una protesta sindical en la Delegación de Turismo de Granada y le ha advertido de que "caerá sobre su espalda a nivel político y ético" lo que le pueda ocurrir a estos trabajadores.
Tras lamentar que no se sepa de quien es competencia este asunto, entre Presidencia y la Consejería de Turismo, pero teniendo en cuenta que "los consejos de gobierno son un órgano colegiado", ha criticado que la Junta mantenga la petición de cárcel cuando la Fiscalía y los informe policiales "no están de acuerdo" con este extremo.
"¿Le parece que es lógico pedir cinco años de prisión por colgar una pancarta sin provocar ningún daño personal ni material? ¿A usted le parece eso lógico? Y si al final acaban condenando a estas trabajadoras a cinco años de prisión por una protesta legítima, esto será responsabilidad de su Gobierno, suya, del presidente y de todo el Gobierno. Si al final acaban yendo a la cárcel por exigir sus derechos laborales de forma totalmente pacífica, será su responsabilidad", ha concluido.
El Juzgado de lo Penal número 3 de Granada aplazó el pasado 1 de febrero hasta el próximo 6 de junio el juicio previsto contra los tres miembros del SAT que se enfrentan a peticiones de un año y tres meses de cárcel por parte de la Fiscalía, y de cinco años por la Junta.
El juicio se aplazó tras la ausencia de algunos acusados y de testigos, según detallaron a Europa Press fuentes del caso. Previamente, se produjo una concentración de apoyo a las puertas del edificio judicial de la Caleta con la presencia, entre otros, del portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, y de integrantes de Adelante Andalucía.