SEVILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de 150 personas se han concentrado este martes ante la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz para pedir a la Junta que "no eche a la calle" a jóvenes extutelados, tanto migrantes como nacionales, que alcanzan la mayoría de edad sin ofrecerles ningún recurso alternativo de vivienda, alimentación, formación e inserción socio-laboral.
Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la Asociación de Familias solidarias para el desarrollo, Juan Molina, entidad convocante de esta protesta, en la que también han participado la Asociación pro derechos humanos de Andalucía (Apdha), Voluntarios por otro mundo, Red de apoyo a inmigrantes Dimbali o Vejer sin fronteras, entre otros.
Esta concentración ha sido convocada después de que "este fin de semana se haya incrementado mucho el problema en la provincia de Cádiz, donde más de diez jóvenes han tenido que dormir con el cielo como único techo", ha explicado Molina, que ha apuntado que la protesta ha contado también con la presencia de unos 60 chicos extutelados, "algunos en situación de calle y otros en pisos gestionados por las ONG para dar apoyo a estos chavales cuando salen de los centros".
"A las direcciones de los centros de protección de menores de Cádiz y otras provincias se les está invitando a poner en la calle a los jóvenes que cumplen 18 años", ha lamentado Molina, que ha agregado que "la mayoría de ellos son extranjeros, aunque no solo son inmigrantes, y han salido de los centros sin papeles, sin el protocolo sanitario y sin apenas ropa", por lo que ha apelado a la necesidad de "denunciar" esta situación porque "es un problema grave".
"Estos menores fueron en su día declarados en desamparo porque sus familias no podían cuidarlos o porque habían decidido coger una patera para buscar nuevas oportunidades y la Junta asumió su tutela y protección, lo cual es lo correcto y lo que marca la normativa europea, pero lo que no puede hacer luego es abandonarlos a su suerte y ponerlos en una nueva situación de desamparo promovida esta vez por la propia Junta", ha criticado el portavoz de Familias Ssolidarias.
Por tanto, y ante esta situación que tachan de "terrible", el sacerdote y ex Defensor del Pueblo y del Menor en Andalucía José Chamizo ha leído un manifiesto en el que las organizaciones piden el "cese inmediato" de todas las salidas de centros de jóvenes que han cumplido la mayoría de edad, "mientras no se garanticen recursos alternativos, que "que cubran las necesidades básicas de estos jóvenes procedentes del sistema de protección, que se encuentren en situación de calle abandonados a su suerte por la administración".
Igualmente, han exigido el cambio inmediato en la Ley de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, de manera que se contemple la protección a jóvenes que, sin haber alcanzado la autonomía personal, se encuentren bajo la tutela o la guarda de la Junta hasta los 26 años, "poniendo a disposición un presupuesto y alternativas de recursos de vivienda, documentación, itinerario educativo, apoyo en su situación de salud física y mental, soporte jurídico, red de soporte social y medidas que propicien la inserción laboral".
También han solicitado que el Gobierno central inicie una reflexión para diseñar y poner en marcha un Plan Nacional sobre inmigración infantil y juvenil, y han indicado que entre los temas que "urge" tratar están "la necesidad de que se eliminen las barreras de inclusión de estas personas, menores y jóvenes extranjero, en el sistema educativo, se agilicen plazos en la verificación de identidad y edad, se formalicen métodos científicos para dicha verificación, se evite su hacinamiento en macroinstituciones, se promocione su inserción laboral, y se les apoye en su transición a la vida adulta".
Además, han precisado que por su doble condición de menores y extranjero, en dicha reflexión "hay que supeditar la estrategia de seguridad y de control fronterizo a la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes".
Del mismo modo, han pedido que el Gobierno español conceda directamente la tarjeta de residencia a cuantas personas menores tenga bajo la tutela o guarda en cualquiera de las comunidades autónomas y que se prolongue a lo largo del tiempo y, por otra parte, que a partir de los 16 años se le autorice a trabajar y poder convertirse en una persona demandante de empleo que permita acceder a recursos de formación e inserción laboral sin trabas administrativas.
Por último, han exigido que el Ministerio Fiscal vele por hacer prevalecer la protección de la infancia y la adolescencia, "haciendo cumplir la normativa (Arts 151 y 152 de la Ley 14/2010) y las sentencias de los tribunales nacionales e internacionales que ordenan la defensa y tutela de los derechos fundamentales de estos niños, adolescentes y jóvenes, asumiendo con firmeza las directrices del Comité de los Derechos de la Infancia y Adolescencia".
