MADRID/SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La confederación hidrográfica del Guadalquivir fue la que contó con mayor número de denuncias tramitadas por pozos ilegales entre los años 2013 y 2017, con un total de 968, según los resultados de una investigación realizada por la organización ecologista Greenpeace.
En dicha confederación se dio un "caso 'Gürtel'" en el saqueo del agua, ya que en Puebla del Río (Sevilla) hay una sanción de daño al dominio público hidráulico de casi 64 millones de euros en 2014, según Greenpeace, que también destaca que, en Lucena del Puerto (Huelva), un solo expediente acumula 77 pozos ilegales.
Por confederaciones, a la del Guadalquivir le siguen por número de denuncias tramitadas en dicho periodo de tiempo la del Tajo (703); Ebro (608); Guadiana (583); Duero (385); Miño (114); Segura (113) y Cantábrico (0), sin que haya datos disponibles del Júcar.
En cuanto al resto de extracciones ilegales, encabeza el ranking la Confederación Hidrográfica del Duero, con 1.305 denuncias tramitadas, y le siguen el Guadalquivir (974), Tajo (607), Guadiana (540), Miño (265), Júcar (147), Cantábrico (136) y Segura (109), sin que haya datos disponibles del Ebro.
Greenpeace ha denunciado que el robo de agua en pozos ilegales puede suponer al menos 77 millones de euros en daños al patrimonio natural y pide a los ciudadanos que denuncien todos los casos de pozos y extracciones que conozcan.
La ONG ha investigado durante más de un año el número de pozos ilegales de agua y asegura que los datos estimados son "muy conservadores".
Entre 2013 y 2017, las confederaciones recibieron 2.866 denuncias por pozos ilegales, de los que solamente se clausuró una decena. De hecho, añade que los pozos ilegales son una de las principales vías para extraer agua al margen de la ley, pero "no la única".
Greenpeace lamenta la falta de información pública detallada en las confederaciones hidrográficas y, según el responsable de la campaña de agua de la organización ecologista, Julio Barea, si se conociera las cifras reales del número de pozos ilegales que hay en toda España, "el daño al dominio hidráulico podría ascender a miles de millones de euros".
La organización ecologista recuerda que la extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal y lamenta la falta de transparencia es un "reflejo claro" de que el robo de agua no es una prioridad en España y de que "no se le están dedicando ni el tiempo ni los recursos necesarios".
"Además, la actual situación de descoordinación entre administraciones pone en serio peligro nuestras futuras reservas estratégicas de agua, un recurso imprescindible para la vida", añade Barea.
El experto en agua considera "fundamental" frenar el crecimiento de las demandas de agua --regadío, industrial y urbana-- de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles como consecuencia de los efectos del cambio climático.
Así, ve "clave" perseguir el delito de robo de agua a través de una coordinación efectiva de las administraciones competentes, que prioricen esta situación con mayor dotación de medios y seguimiento tanto en vigilancia como en respuesta sancionadora.
En este contexto, pide al Ministerio para la Transición Ecológica,
confederaciones hidrográficas, comunidades autónomas, Seprona y Fiscalía que publiquen "lo antes posible" los datos y expedientes referidos al número y localización de los pozos ilegales en todo el Estado, para llevar a cabo su control y cierre, ya que suponen un "peligro de seguridad directa para la población".
Finalmente, a los ciudadanos les insta a utilizar su plataforma de denuncias y filtraciones 'Fíltrala', donde les puede hacer llegar de forma anónima y confidencial documentos que prueben la existencia de pozos ilegales y otras malas prácticas en materia de gestión de los recursos hídricos.
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