El Consejo de Consumidores pide un cambio normativo para evitar las crisis alimentarias

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua) exige al Gobierno andaluz que se comprometa a "reforzar" el control oficial de los establecimientos e industrias alimentarias en Andalucía para "garantizar" la salud y seguridad de las personas y evitar las crisis alimentarias.

Así, en un comunicado apunta que la crisis alimentaria declarada el pasado verano como consecuencia de la puesta en el mercado de productos contaminados con listeria procedentes de la empresa Magrudis, que "tuvo un gran alcance y graves consecuencias para la salud de los consumidores", ha puesto "en evidencia deficiencias y vacíos regulatorios en el sistema de detección y comunicación de las alertas por parte de la Junta y también en el sistema de control oficial de establecimientos e industrias por parte del Ayuntamiento de Sevilla", así como "una absoluta falta de coordinación administrativa" entre administraciones competentes.

Para evitar que circunstancias como las que provocaron una de las alertas alimentarias más importantes en los últimos años se repitan, el Consejo de las Personas Consumidoras --máximo órgano de consulta y representación de los consumidores y usuarios de Andalucía, en el que se integran Adicae-Andalucía, la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, y la Federación de Consumidores y Usuarios en Acción Facua-Andalucía-- considera que "deben modificarse con carácter urgente los protocolos de control y la legislación existente en materia de seguridad alimentaria y de protección de los consumidores y usuarios".

El Cpcua entiende que, por un lado, "es necesario reforzar los mecanismos de planificación de los controles oficiales de seguridad alimentaria a las empresas de alimentación en función del riesgo de su actividad", porque "es importante desarrollar un serio, eficaz y planificado control administrativo del sistema de autocontrol para garantizar la seguridad de los alimentos".

En este sentido, señala que "son necesarios cambios" en los protocolos de control y en la propia Ley de Seguridad Alimentaria de 2011 para que, entre otras cosas, "los plazos consignados actualmente en los planes anuales de inspección aprobados por la Consejería de Salud a las empresas alimentarias en función de los niveles de riesgo de su actividad, la supervisión de los sistemas de autocontrol y otros planes específicos en función del riesgo, sean de obligado cumplimiento, así como se dote de más recursos humanos y técnicos a los cuerpos de inspección de las administraciones".

También apunta que "son imprescindibles" mecanismos de coordinación entre administraciones, cada una en sus respectivas competencias, con "el objeto de verificar que las empresas de alimentación cumplen con todo los requisitos exigibles para llevar a cabo su actividad (licencias, alta en registros obligatorios, etcétera), y garantizar que la información sea accesible para las administraciones intervinientes".

MÁS Y MEJOR INFORMACIÓN PARA LOS CONSUMIDORES

Por otro lado, a juicio del Consejo, esta crisis también ha mostrado "un importante déficit de información" hacia la ciudadanía, sobre todo en los primeros días de su gestión, "claves" para garantizar la salud y seguridad de la población y minimizar y reducir el riesgo. En este aspecto, reclama que las asociaciones de consumidores representativas y los ayuntamientos "sean incorporados a la red de alerta alimentaria y reciban información directa y de primera mano".

Este órgano entiende que, además, debe regularse la obligación para las empresas implicadas o afectadas por una alerta sanitaria de informar a la población de aquellos productos que se vean afectados y no sean aptos para el consumo. Esta obligación "no debe recaer solo sobre la empresa fabricante sino también en aquellas que hayan distribuido y vendido el producto en establecimientos de distribución o de hostelería y utilizando los canales habituales de comunicación y contacto de los que dispongan (establecimientos físicos y webs)", manifiesta.

En este sentido, "es preciso desarrollar lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley de Seguridad Alimentaria respecto de las obligaciones de información hacia los consumidores de los operadores económicos, garantizando una información objetiva y lo más competa posible", añade.

Para el Consejo resulta "apremiante" también la exigencia de un sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil para las empresas alimentarias, que "garantice la cobertura de los daños causados por bienes o servicios defectuosos y un fondo de garantía que cubra, total o parcialmente, los daños consistentes en muerte, intoxicación y lesiones personales".

En definitiva, el Cpcua reclama al Gobierno andaluz que lleve a cabo las reformas legales que sean de su competencia, que inste a la modificación de aquellas que puedan exceder de estas y que se comprometa a reforzar el control oficial de los establecimientos e industrias alimentarias en Andalucía para "garantizar la salud y seguridad de los consumidores y usuarios".

En esta línea, "también debe considerar y hacer una apuesta decidida por fomentar y fortalecer la labor que desarrollan las organizaciones de consumidores, como ejemplo de vertebración de la ciudadanía en defensa de sus derechos y de sus legítimos intereses", expone.

Para iniciar una línea de acciones en este ámbito, el Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía ha solicitado a la Administración la constitución de una mesa de trabajo, en la que participen las organizaciones de consumidores más representativas, la Dirección General de Consumo y la Dirección General de Salud Pública.