SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El abogado Juan Carlos Alférez, que ejerce la defensa del ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Jacinto Cañete en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha defendido este martes el rol de "caja pagadora" del ente público, obligado pagar las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo, pues de no haberlas materializado "hubiera cometido un verdadero delito de prevaricación".
Así lo ha puesto de relieve este martes el letrado en la exposición de su informe final en la defensa de Cañete, director general de IDEA, antes Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el 14 de mayo de 2008 y fu cesado el 22 de diciembre de 2009 y que se enfrenta a seis años de prisión y 30 de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación.
Alférez ha comenzado su informe denunciando a la "indefensión" a la que ha estado sometida su cliente por la falta de concreción en los hechos de las acusaciones, ya que por parte de éstas "no se ha realizado el menor esfuerzo de detallar qué concreto hecho, por acción o por omisión, por autoría directa o por coautoría, por complicidad o por coparticipación" se le atribuye a Cañete.
Sobre la modificación incluida en las conclusiones definitivas de la Fiscalía relativa al presupuesto de 2010 y que ha supuesto una rebaja de dos años en la petición de cárcel para Cañete, el abogado advierte de que pretender de ello "argumentar que se ha variado el relato acusatorio", es algo "rotundamente incierto". Cañete fue acusado en el escrito de conclusiones provisionales por hechos que a su juicio son "prevaricadores y malversadores" y sobre esos mismos hechos se ha desarrollado el juicio y la prueba; y en las conclusiones definitivas "no han variado un ápice ni el relato ni la subsunción y ahora, la sentencia que se dicte, habrá de recaer sobre lo que se ha enjuiciado y acusado, generándose, en todo caso, un claro derecho al 'no bis in idem' procesal", para evitar un doble enjuiciamiento por los mismos hechos.
El rol del IFA/IDEA de "mera caja pagadora" de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo a través de los fondos del programa presupuestario 31L allegados al ente instrumental por transferencias de financiación desde el órgano gestor, en virtud del convenio marco firmado entre Empleo e IFA en 2001, ha vertebrado gran parte de los argumentos expuestos por la defensa de Cañete, quien ha advertido que al señalar que IFA/IDEA no tenía papel en la gestión de las ayudas "no quiere parecer que le echa la culpa a la Dirección General de Trabajo, pues no somos acusadores y Cañete no tenía conocimiento de si ésta irregular o no".
"Cuando Cañete toma posesión del cargo, IDEA llevaba ya siete años materializando los pagos de las ayudas con fondos del 31L y dicha actividad era absolutamente residual y tangencial para el ente", ha afirmado Alférez, que ha vuelto a reiterar que el único rol de IDEA era el de ser caja pagadora sin la menor participación ni conocimiento del expediente administrativo de tramitación de la concesión de las ayudas, algo probado tanto en la prueba documental, testifical y pericial" de la causa.
NADIE LE ADVIRTIÓ DE ANOMALÍA EN EL 31L
A este respecto, ha indicado que cuando Cañete tomó posesión de su cargo y despachó con su antecesor, el también acusado Miguel Ángel Serrano, "ni éste, ni el secretario general de IDEA ni nadie de la agencia le hizo la menor referencia ni advertencia de anomalía de clase alguna respecto al programa 31L ni de nada de especial relevancia, dado que el director general no tenía que tomar la menor decisión al ser IDEA una mera caja pagadora y así, ha quedado plenamente acreditado en el plenario", pues como director general de IDEA su actuación empezaba y terminaba en la firma de los convenios particulares de las ayudas, que sólo era "la aceptación de una orden de pago".
Alférez ha insistido en que IDEA, con Cañete al frente, "pagó las ayudas de la Dirección General de Trabajo", ya fuera mediante convenios particulares o resoluciones de pago, "sin que ni los técnicos, ni los juristas ni la Intervención del Control Financiero Permanente le advirtieran que dicho actuar, pudiera resultar contrario a Ley".
Tras esto ha analizado los informes de Control Financiero Permanente de IDEA que conoció Cañete, pero antes ha abordado "el demonizado" informe adicional al de cumplimiento de IFA/IDEA del ejercicio 2003 conocido en 2005 en el que se recogen una serie de irregularidades en la concesión de las ayudas de los ERE por la Dirección General de Trabajo tras el análisis de la Intervención General de la Junta de una veintena de expedientes.
Este informe, que no conoció Cañete, "nada supone para IDEA", aunque se haya elevado a la categoría de "mito" por las acusaciones, pues sólo representa una fotografía fija de IFA en 2003. Las irregularidades que se recogen, entre ellas el uso inadecuado de las transferencias de financiación y que se estaban concediendo ayudas sin control y prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, "en nada afectan a IDEA".
Con respecto a los cuatro informes de Control Financiero Permanente conocidos por Cañete, su abogado ha indicado que "analizados éstos no entiendo porque tenían que dejar de hacer lo que venían haciendo en IDEA, entender lo contrario es un ejercicio de fabulación". A su juicio, no hay "ninguna advertencia de calado o de fondo que lleve a nada a IDEA".
De otro lado ha abordado como cuestión "clave" que IFA/IDEA "siempre se pudo usar como entidad colaboradora para el pago de las ayudas sociolaborales", según la Ley General de Subvenciones, aunque no era el caso porque, según Alférez, IFA/IDEA "no puede llegar nunca a ser considerada entidad colaboradora porque antes que ello y como categoría jurídica superior es ente instrumental y medio propio que absorbe cualquier otra categoría inferior".
En este punto, ha subrayado que en IDEA, con Cañete al frente, se actuó "con plena conciencia de legalidad por la información dada por los servicios jurídicos y por el nivel de confort por la ausencia de advertencias desde la intervención". Después de aclarar que materializar las ayudas supone pagar las ayudas, según la Ley General de Hacienda Pública, "sin necesidad de acudir a la RAE o al María Moliner", ha asegurado que de toda la documentación relacionada con los presupuestos "era imposible" pensar que el rol de IDEA "fuese otro que el que le asignaba directamente cada una de las Leyes de Presupuestos", el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa 31L tras recibir los fondos desde este órgano por transferencias de financiación.
"El modelo de organización y financiación de las ayudas sociolaborales y otras ayudas a empresas ha contado con pleno respaldo en el Presupuesto de la Junta", afirmó el ex interventor general, el acusado Manuel Gómez, en la comisión de investigación parlamentaria.
En este sentido, ha asegurado que IFA/IDEA "no podía gastarse ese dinero para gasto corriente" del ente. "De las memorias presupuestarias lo único que no se puede sostener es que esos fondos --del 31L-- allegados a IFA/IDEA vía transferencias de financiación eran para cubrir gastos de explotación, pero se ha sostenido hasta el final por las acusaciones porque es la clave de bóveda y si se cae se derrumba el arco que sostiene la tesis".
Por último, ha señalado la imposibilidad, "con la ley en la mano", de que IFA/IDEA concediera las ayudas sociolaborales, tesis que "sobrevolaba" por las acusaciones. "No cabe ni con calzador", ha afirmado.
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