JAÉN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un descuido a la hora de citar a uno de los peritos ha llevado a retrasar un año la celebración de un juicio por un accidente laboral que ocurrió en Jaén capital hace ocho años cuando un trabajador de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) perdió las falanges distales de tres dedos de la mazo izquierda al intentar desatascar una máquina picadora y astilladora de ramas.
En concreto, el perito al que no se citó en tiempo y forma era el jefe de la Inspección Provincial de Trabajo por lo que todas las partes personadas en el juicio cuya celebración estaba prevista para el 24 de marzo acordaron la suspensión del mismo y volverlo a fijar.
El problema es que el juzgado de lo Penal número 4 de Jaén, encargado del caso, no tiene fecha libre para volver a celebrarlo hasta marzo del año que viene por lo que el juicio ha quedado nuevamente fechado para el 16 de marzo de 2023.
El Juzgado de lo Penal había solicitado la sala de vistas de la Audiencia de Jaén para celebrar el juicio, pero los acusados y los testigos que sí se personaron por estar debidamente citados, tuvieron que marcharse ante la suspensión del juicio.
El accidente se remonta al 14 de marzo de 2014 cuando uno de los tres acusados que se sientan en el banquillo ordenó al trabajador, que se encontraba realizando sus labores en el paraje de El Neveral, en Jaén capital, que desatrancara la tolva de la máquina picadora en la que estaban arrojando las ramas.
El Ministerio Fiscal recoge en su escrito de calificación provisional al que ha accedido Europa Press que aunque la toma de fuerza del motor estaba apagada, el trabajador de Amaya metió la mano sin que todavía hubiera parado el tambor de corte por lo que quedó atrapada y se le produjo la amputación de las falanges distales de tres dedos.
Por estos hechos deberán sentarse en el banquillo un técnico de Amaya encargado de organizar los trabajos y de que se cumpliera el plan de seguridad de la empresa, un encargado y recurso preventivo de Amaya, y el propietario y responsable del funcionamiento de la máquina y que había sido subcontratado por Amaya.
Fiscalía establece que los tres acusados "incumplieron totalmente con todas las obligaciones concretas en materia preventiva, incumplieron su deber de cooperación, coordinación y vigilancia". Además, añade que el trabajador herido "no contó con el tiempo ni medios suficientes para sustraerse rápidamente de los riesgos provocados por la detención " de la máquina.
El Ministerio Público ha calificado los hechos como un delito contra los derechos de los trabajadores y pide para cada uno de los tres acusados un año y medio de prisión y 7.200 euros de multa.
En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía les reclama que indemnicen al trabajador en 100.000 euros, cantidad de la que responderán las compañías de seguros y Amaya como responsable civil subsidiaria.
