La Diputación prevé ahorrar más de dos millones de euros con la aplicación del decreto Ley

CÓRDOBA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba (PSOE) llevará al próximo pleno de la corporación una propuesta con una serie de medidas en relación a la aplicación del real decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, y su incidencia en la Institución provincial cordobesa, donde las medidas adoptadas prevén un ahorro que superará "sobradamente" los 2.548.068 euros entre junio de 2010 y diciembre de 2011.

En primer lugar, la aplicación del real decreto Ley en la plantilla de personal funcionario y laboral al servicio de la institución provincial tiene previsto generar un ahorro de 895.337 euros en 2010 y 1.354.970 euros a lo largo de 2011, la media de aplicación en la reducción de retribuciones arroja un cinco por ciento de media.

Respecto a las retribuciones de los miembros de la corporación, se establecen reducciones que oscilan entre el siete y el ocho por ciento, además de las consiguientes reducciones a los diputados no liberados en concepto de indemnización por asistencia a sesiones plenarias y a comisiones informativas. En este apartado, se prevé una reducción del gasto de 66.777 euros en 2010 y 101.229 euros en 2011, lo que hace un total de 168.006 euros.

En cuanto al personal eventual, las diferencias aplicadas a la reducción oscilan entre el ocho y el cinco por ciento y su valor absoluto se cifra en 50.773 euros para 2010 y 78.980 para 2011.

Asimismo, con arreglo a los criterios marcados por la Federación Española de Municipios y Provincias y de conformidad con el propio Real Decreto, se aplicarán también reducciones salariales al personal directivo de los organismos autónomos y de aquellas empresas públicas provinciales incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, si bien la aplicación de esta última medida aún no ha sido debidamente cuantificada.

Según lo dispuesto en el artículo 14 del real decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, los recursos obtenidos de la reducción de costes de personal deberán atender, en orden de preferencias, en primer lugar, la disminución del nivel de endeudamiento a largo plazo y, en segundo lugar, a la financiación de inversiones.