GRANADA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El exconsejero de Economía e Innovación Antonio Ávila ha defendido este martes su "honestidad" y ha confiado en el archivo de la causa contra él, relacionada con los expedientes de regulación de empleo (ERE) supuestamente irregulares, por la que ha declarado voluntariamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, al inicio de la comparecencia, que se ha prolongado por poco más de dos horas, el magistrado instructor Miguel Pasquau le ha expuesto los hechos que indiciariamente se le imputan según la exposición razonada presentada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y le ha dado la oportunidad de pronunciarse sobre los mismos.
En la declaración estaban presentes el fiscal superior, Jesús García Calderón, la defensa de Francisco Vallejo y la defensa de Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo. Ni la Fiscalía ni la defensa de Francisco Vallejo han realizado ningún tipo de pregunta. Tan sólo el magistrado instructor y la defensa de Antonio Ávila han preguntado.
El abogado del PP, personado en la causa, no ha estado presente. Según las fuentes, no se han acordado medidas cautelares contra él, y el instructor no va a adoptar ninguna decisión de fondo sobre este asunto "en principio".
En declaraciones a los periodistas a la salida de la sede judicial, Ávila ha señalado que ha tenido "la oportunidad" de trasladar la información que se le ha solicitado y la que él mismo ha creído "oportuna" y se ha mostrado satisfecho de haber comparecido de forma voluntaria. Según Ávila lo ha hecho con el fin de "seguir siendo" lo que ha sido "toda" su vida, que es "un trabajador, un funcionario público".
"He tenido la oportunidad de expresarme y de hacer referencia a todo lo que considero que se está planteando que no es correcto desde mi punto de vista y que no se atiene a la verdad", ha señalado el exconsejero, que ha dicho estar "tranquilo" con su declaración.
Preguntado por si confía en el archivo, ha indicado: "Uno siempre tiene la confianza cuando tiene la certeza de que ha sido honesto, honrado y que no ha participado en ningún tipo de irregularidad, yo tengo la confianza de que todo se verá, aflorará, y será así. Esa es la confianza que tengo. ¿Cuándo? Cuando lo determine quien lo tiene que determinar, que es la justicia".
En referencia a las declaraciones de José Antonio Viera y Manuel Chaves ha dicho que desconoce lo que han declarado o van a declarar, y ha indicado que lo que él tiene "en la cabeza" es su propia situación.
Finalmente, ha considerado que en torno a los hechos que se le imputan "hay mucha discusión técnica" y "hay que entenderla" y "explicarla", que es lo que él cree que este martes ha hecho "honesta y humildemente", aportando una información "que no ha sido valorada o analizada de esa manera, con la intensidad que debía de serlo".
La ronda de declaraciones en el TSJA continuará este miércoles con la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el día 15 de abril con el exconsejero Francisco Vallejo, que también solicitaron declarar de manera voluntaria. Vallejo estaba previsto para el día 14 pero, según fuentes judiciales, su comparecencia se ha aplazado para un día después a las 11,30.
El magistrado instructor, Miguel Pasquau Liaño, ha citado a los tres aforados --todos los imputados a excepción de Manuel Recio-- "sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente", todo ello en relación al hecho de que, una vez se constituya el nuevo Parlamento andaluz este mes, dejarán de pertenecer a la Diputación Permanente y, por tanto, abandonarán su condición de aforados, por lo que podrían ya comparecer ante Mercedes Alaya.
El TSJA argumenta que, "sin perjuicio de lo que depare un análisis exhaustivo de las actuaciones cuyo testimonio se ha remitido y, en su caso, nuevas diligencias a practicar en esta sede, en vista por ahora de lo desarrollado por la magistrada en sus exposiciones razonadas --tanto la elevada al Tribunal Supremo como la elevada a esta Sala--, no puede sostenerse que resulte manifiestamente infundada la atribución de posible responsabilidad penal, en concreto, por delitos de prevaricación y malversación, a los cuatro aforados".
Todo ello "habida cuenta de que en el ámbito de sus funciones como cargos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía participaron en un nivel u otro en la toma de decisiones sobre la creación, financiación, mantenimiento y aplicación de un sistema de concesión de subvenciones sociolaborales, ayudas a empresas, y excesivas comisiones a intermediarios que, por carecer de los controles típicos de los procedimientos de subvención pública, indiciariamente han supuesto un indebido beneficio económico para algunos particulares y empresas", sostiene el TSJA.
