El italiano Francesco Arcuri ha reclamado este miércoles en los tribunales a su expareja, Juana Rivas, el abono de 1.912 euros por los gastos que tuvo que asumir al viajar a España y hacer efectivo el retorno a Italia de los dos hijos que tienen en común, a raíz de que ella permaneciera casi un mes en paradero desconocido incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre. Unos gastos en concepto de hospedaje y transporte que la Fiscalía también ve acreditados. Este asunto ha sido objeto de una vista en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, a la que Juana Rivas ha llegado "con fuerza" y confiando "en que todo va a salir bien", según ha señalado en declaraciones a los periodistas en las que ha reconocido que todo este procedimiento "está siendo lento, doloroso y muy duro". Unas horas después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada haya decretado la apertura de juicio oral contra ella por la supuesta sustracción de sus dos hijos, por lo que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel, Juana Rivas ha sostenido que es "imposible" saber si, a día de hoy, volvería a actuar igual. Ha incidido en que ella "era una víctima que escapó" del domicilio familiar de Carloforte (Italia) con sus niños, de once y tres años, porque era la única alternativa que veía frente a la supuesta situación de violencia de género que siempre ha alegado que padeció. Ahora afirma que está "sacando fuerzas para resistir" y que en la causa que se sigue contra ella por la vía penal "faltan secuencias de la realidad" y están "pasando muchas cosas que como madre" no puede entender. "La justicia va muy lenta, pero sé que esto va a salir bien, que no tiene otro camino (...) confío en que van a cambiar las cosas", ha relatado a su salida del edificio judicial de La Caleta, donde ha reconocido que lo que más le preocupa en estos momentos es la petición de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad sobre los niños que han solicitado la Fiscalía y su expareja . "Yo soy madre, cada día que pasa me duele", ha agregado. La vista que se ha celebrado este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada se ha limitado a fijar los conceptos por los que Juana Rivas deberá indemnizar a su expareja en concepto de daños a raíz de la sustracción de los dos hijos que tienen en común. La medida viene de la sentencia que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada emitió en su día obligando a Juana Rivas a la restitución de los menores. En esta resolución también fue condenada al "abono de las costas del procedimiento, incluidas aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de viaje y los que ocasione la restitución o retorno de los menores al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción". A este respecto, la Fiscalía ha considerado que están debidamente acreditados los gastos de hospedaje de Arcuri y los gastos de transporte, a través de los billetes de avión y tren que adquirió para desplazarse a España y posteriormente volver con sus dos hijos a Italia, lo que ha cifrado en 1.912,5 euros. La defensa de Arcuri, que no ha acudido a la vista y está representado por el letrado Enrique Zambrano, se ha adherido al informe del fiscal aunque alega que durante los 33 días que éste pasó en España "también desayunó, comió" y asumió diversos gastos, aunque de "buena fe" no guardara cada una de los tiques que le fueron dando, pero ha manifestado su pretensión de ir recabándolos para reclamarlos más adelante. Los abogados de Juana Rivas se muestran en desacuerdo con el abono de estos gastos en tanto que no están conformes con el procedimiento que se sigue contra su cliente, aunque reconocen que existe una sentencia firme que obliga a ello, de modo que su papel se ha centrado en pedir que sólo se abonen los que están debidamente acreditados, según ha detallado a los medios el letrado Juan de Dios Ramírez. Preguntado por la apertura de juicio oral contra su cliente en la vía penal, ha precisado que el Juzgado les ha dado un plazo de diez días para presentar su escrito de defensa y ha confiado en que sus argumentos sean recogidos y la causa culmine con una sentencia absolutoria, en tanto que el principal problema es la retirada de la patria potestad de los menores. Juana Rivas siempre ha alegado que se fue con sus hijos del domicilio familiar de Carloforte (Italia) para huir de una supuesta situación de maltrato a manos de su pareja. Arcuri fue condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, una sentencia que se dictó por conformidad de las partes, y en 2016 volvió a ser denunciado por Juana Rivas en España. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra él al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Juana puso en Granada. El Juzgado de Instrucción 2 de Granada llegó a investigar a los familiares de Rivas, así como a su asesora jurídica y a su psicóloga en el Centro Municipal de Maracena para averiguar su presunta vinculación con la sustracción de los menores este pasado verano, aunque la causa se archivó finalmente para todos excepto para ella. De forma paralela a este proceso, el Tribunal de Cagliari (Italia) tiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la guarda y custodia de los menores, que en la actualidad residen con el padre en Carloforte. La causa está pendiente del informe "determinante" que elaborará un perito tras evaluar a los padres, a los menores, la relación entre ellos con sus progenitores y el ambiente familiar en el que mejor y más equilibrados viven, entre otros extremos.
