SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
Facua-Consumidores en Acción celebra este sábado en Sevilla su V Congreso en el que elegirá una nueva junta directiva para los próximos cuatro años. En el encuentro, participarán 50 delegados de las organizaciones y delegaciones territoriales de la asociación en las diecisiete comunidades autónomas.
Tras finalizar los plazos para la presentación de candidaturas, la actual presidenta de Facua, Olga Ruiz, es la única que se ha postulado a la Presidencia para revalidar así su mandato al frente de la organización durante cuatro años más, según ha indicado la entidad en una nota. Como parte de la candidatura también se encuentran el actual secretario general, Rubén Sánchez, y su vicepresidente, Miguel Ángel Serrano, mientras que la tesorera seguiría siendo María Ángeles Ayerbe.
Olga Ruiz asumió la presidencia de Facua en 2020 durante la celebración de su IV Congreso, tras tomar el relevo del fundador de la asociación, Paco Sánchez Legrán, donde también Sánchez y Serrano ocuparon sus actuales cargos.
En el V Congreso de Facua se aprobará también el programa de acción y los presupuestos anuales, así como el balance de actividades del último ejercicio, ha indicado la entidad. Tras la aprobación de los documentos en el Congreso, Facua publicará su Memoria 2023, como también lo harán cada una de sus organizaciones territoriales después de sus respectivas asambleas de socios. En ellas se incluirán, entre otros datos, los balances de las consultas y reclamaciones atendidas y las cuentas de cada organización.
Facua cerró 2023 con un total de 250.507 asociados. De ellos, 205.902 eran adheridos, 42.569 de pleno derecho al corriente de pago de sus cuotas y 2.846 plenos con una cuota pendiente. Los ingresos de la entidad y sus organizaciones territoriales durante 2023 procedentes de las cuotas ordinarias de sus socios representaron "casi el doble" de lo que recibieron a través de subvenciones y convenios con entidades públicas, ha subrayado.
Además, el código ético de la asociación establece la renuncia a recibir dinero de empresas privadas y partidos políticos. Los socios aportaron 2.294.461,45 euros, frente a 1.395.472,47 euros de dinero público recibidos para el desarrollo de acciones de defensa de los derechos de los usuarios: formación, asesoramiento, impulso de la mejora de la legislación y acciones de lucha contra el fraude.
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