SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado este martes el "marcado carácter social que continúa implementando el Estado a las becas para estudios" tras la aprobación, en Consejo de Ministros, del marco regulador para el próximo curso 2024-2025, "que supone, por una parte, el incremento del presupuesto y, por otra, el incremento de los umbrales de rentas y la reducción del porcentaje de discapacidad para ser beneficiarios", medidas que, ha asegurado, "ampliarán la cobertura de estudiantes en Andalucía", superando los 192.000 jóvenes.
"El compromiso del Gobierno con las familias con menos recursos es claro porque si en el presente curso 2023-2024 contábamos con 2.520 millones de euros, ahora, un año más, se aumentan las partidas hasta los 2.535 millones, lo que da garantías para la continuidad en los estudios de sus hijos y afianzando la equidad en el sistema educativo", ha afirmado.
Durante el curso 2022-2023, un total de 192.537 estudiantes andaluces recibieron alguna de las becas otorgadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a alumnos que cursan tanto estudios universitarios como postobligatorios no universitarios o a alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al Real Decreto que regulará la convocatoria de becas del curso 2024-2025, que tendrá un coste estimado de 2.535 millones de euros y llegará a cerca de un millón de estudiantes en toda España.
Entre las principales novedades está la adaptación de los umbrales de renta que dan acceso a estas ayudas, lo que permitirá la incorporación de nuevos alumnos al sistema, así como la reducción del porcentaje de discapacidad del 33% al 25% para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Este cambio, que responde a las peticiones de organizaciones como Cermi, beneficiará a unos 20.000 estudiantes.
Además, a petición del Consejo de Estado, se extiende a las víctimas de violencia sexual menores de edad la flexibilización de los requisitos académicos aplicados a las víctimas de violencia de género, lo que afectará a unos 2.000 alumnos.
Por último, se excluyen del cómputo de los rendimientos patrimoniales las subvenciones al alquiler de la vivienda habitual, una reivindicación de estudiantes y familias.
