GRANADA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT ha completado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada el último trámite en la presentación de la demanda contra la resolución del Rectorado de la Universidad de Granada que regula el seguimiento de huelga en la institución.
A juicio del sindicato se trata de una medida "coercitiva" que atenta contra los derechos fundamentales y con la que se pretende "controlar el derecho a la huelga de los trabajadores universitarios", según han informado a Europa Press desde la sección sindical de FETE-UGT en la Universidad de Granada.
Una vez que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada admitió a trámite la demanda, requiriendo a la Universidad que remitiera el expediente por el que se aprobaba la resolución que regula la huelga, el sindicato ha procedido a formalizar de forma ampliada y detallada su recurso.
Los fundamentos que se recogen en el escrito final de FETE-UGT hacen hincapié en que el Rectorado pretende regular un derecho recogido en la Constitución que "no es de su competencia" ni "objeto de negociación colectiva".
El sindicato advierte además de que el decreto que regula la huelga ha sido impulsado sin consenso social: "La medida ha tenido que ser tomada unilateralmente por el rector mediante una resolución. No ha existido acuerdo colegiado alguno, ni un marco negociador formal, como la Mesa de Negociación, para negociar con las organizaciones sindicales".
Los trabajadores censuran además que el sistema recogido en el texto "es un control en toda regla que coarta el ejercicio" del derecho a la huelga, pues se pretende implantar un sistema informático que conduce a la elaboración de listados de huelguistas y no huelguistas, "lo que está rechazado por la jurisprudencia, ya que se podría considerar como un acto discriminatorio que menoscaba la libertad sindical".
Además, la resolución del Rectorado "exige de forma obligatoria la comunicación por parte de los trabajadores de que están en sus puestos, declarando que no están de huelga, un procedimiento de autoinculpación, más o menos camuflado, que supondría un atentado claro contra este derecho fundamental. Tampoco permite el cambio de opción y que el trabajador pueda unirse a la huelga a lo largo de la jornada".
