SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera en Andalucía (Feuso-A) ha solicitado a la consejera de Desarrollo Educativo y
Formación Profesional, Patricia del Pozo, que "no demore" los acuerdos marco que se le plantearon en septiembre de 2022 y en un encuentro bilateral el pasado noviembre, y con los que se pretende atender y dar respuesta a "múltiples promesas incumplidas" por el gobierno autonómico con el sector de la enseñanza.
Entre estas promesas, según recoge el sindicato en un comunicado, ha señalado la necesaria reducción de ratios alumno/aula, la consolidación y aumento de plantillas o el fomento de la jubilación parcial, entre otras medidas que afectarían de forma transversal a toda la educación andaluza.
Según ha indicado, Del Pozo ya manifestó entonces su predisposición a establecer este acuerdo para avanzar en la resolución de las distintas propuestas realizadas por Feuso.
La secretaria general de Feuso Andalucía, María de la Paz Agujetas, trasladó esta petición este pasado jueves a la consejera de Desarrollo Educativo y a su secretario general, Javier Fernández, al término de un acto organizado por la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES), a la que solicitó que convocara cuanto antes la mesa que aglutina a representantes del sector --sindicatos, patronales y Administración-- para abordar aquellos temas que precisan de "una respuesta más urgente, para los que reclama un calendario concreto de solución".
Feuso reclama que, dado que el ámbito de la enseñanza concertada es posiblemente "uno de los que acumula más promesas electorales incumplidas" por, a su juicio, un "trato injusto desde hace décadas" pese a conforman, junto a los públicos, el Sistema Público Educativo Andaluz, se cumplan "cuanto antes" derechos regulados en el convenio colectivo.
Entre estos destaca el abono de la paga extraordinaria de antigüedad en la empresa, cuyo derecho está recogido en el convenio colectivo, sin embargo, se viene negando a este colectivo desde agosto de 2013 pese a las continuas reclamaciones de este sindicato. Es por ello, lo que
se reclama que se disponga cuanto antes "de un calendario concreto y real, que demuestre la buena predisposición a resolver de forma efectiva asuntos pendientes que se arrastran desde años como éste", destaca Agujetas.
Asimismo, USO reivindica una equiparación salarial en consonancia, en todos los sentidos, con lo que perciben los docentes de centros públicos y concertados de otras comunidades autónomas --como en el caso de los sexenios, coordinaciones, etc.--, para que los de Andalucía dejen de estar "en el furgón de cola con respecto a otras regiones";
acabar con la discriminación a la que somete el Gobierno andaluz a estos centros en sus planes, programas y proyectos-incremento de las horas de orientación, la digitalización del sistema educativo, mejor tratamiento de las escuelas hogar o abono de las tareas de prospección para la realización de prácticas en la FP -, un complemento salarial para el PAS (Personal de Administración y Servicios) y Personal Complementario, o la concertación del Bachillerato.
En el caso de la enseñanza pública, Feuso aboga por establecer medidas que ayuden a reducir la carga burocrática a la que se enfrenta su profesorado. "Mayor dotación de personal permitiría a los docentes prestar una mejor atención al alumnado", ha aconsejado.
Feuso Andalucía también pone el foco sobre el profesorado que imparte la asignatura de Religión en los CEIP dada "su singular y compleja situación": pese a desarrollar su labor en centros de la Junta de Andalucía, aún dependen del Ministerio de Educación y Formación Profesional, lo que representa "una rémora para la consecución de una igualdad de condiciones ante el resto de compañeros de claustro".
En cuanto al ámbito de atención a la discapacidad, se insta a "dejar respirar" a los centros de Educación Especial, haciendo valer una Proposición No de Ley (PNL) ya aprobada por todos los grupos del Parlamento de Andalucía para apoyar con los recursos necesarios para su correcto mantenimiento y desarrollo de su actividad estos centros,
especialmente los de la concertada --de los que existen 43 en toda la región, frente a 17 públicos-- garantizando así la libertad de elección de las familias.
Respecto a la Educación Infantil 0-3 años, reclama que establezcan las medidas necesarias para facilitar el acceso de las familias a las plazas disponibles, así como para garantizar mayor estabilidad laboral al sector, que cuenta con 15.000 trabajadores, en su mayoría, mujeres.
En este sentido, este sindicato propone un concierto específico por aula para el sector Educación Infantil 0-3 años para dotarle de mayor estabilidad laboral y mejores condiciones para las trabajadoras. Mientras tanto, una medida transitoria para avanzar en la gratuidad pasaría por la bonificación total a las familias acogidas al programa andaluz de ayudas a la escolarización del primer ciclo de Educación Infantil.
