SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha presentado este martes su escrito de conclusiones finales en la causa que juzga a cinco exaltos cargos de la Junta, y al dueño de Umax Informática y Consultoría por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a esta empresa por la contratación de 44 trabajadores que "pertenecían al círculo de amigos y familiares" del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, uno de los encausados, en el que ha señalado que no se ha producido ninguna indefensión a la defensa de los acusados así como no se debe apreciar dilaciones indebidas.
El Ministerio Público ha desestimado, durante la celebración la décima sesión de esta causa que juzga la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, la alegación de las defensas de los acusados de indefensión por la vulneración del derecho a tutela judicial efectiva por la "inconcreción" de la acusación toda vez que defiende que los acusados tuvieron desde el principio toda la documentación del caso y que los hechos, que se dieron a conocer a raíz de la reclamación del administrador único de Umax, Ulpiano Cuadrado, a la Administración andaluza de una deuda de 1,5 millones de euros en 2012, constituyen un delito al tratarse de un "caso de contratación verbal que es nulo de pleno derecho por haberse prescindido totalmente del procedimiento legal".
Con respecto a la petición de las defensas que existe una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, para rebajar la posible pena que pudiera imponerse, la Fiscalía ha rechazado este aspecto al considerar que la causa es "lo suficientemente compleja, al necesitar un estudio adecuado y pormenorizado de la documentación en base al Derecho Administrativo" así como el hecho de que se haya producido numerosos recursos y cambios de letrados.
En su escrito de conclusiones, la fiscal Susana Hernando entiende que se ha producido delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación documental. Por ello, solicita una condena de diez años de prisión, una inhabilitación para cargo público de 32 años y una multa de 13.500 euros para los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a los exsecretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina. De igual modo, reclama una pena de ocho años y medio de prisión y el pago de una multa de 7.500 euros al dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado.
El Ministerio Público recalca que los contratos de los 44 trabajadores de Umax no corresponden a la legalidad toda vez que éstos venían a suplir la falta de personal externalizando un servicio con trabajadores "que venían ejerciendo labores propias del funcionariado" al tener las "mismas funciones, el mismo sueldo y el mismo horario" sin que haya concurrido a unas oposiciones o un concurso público y hayan sido contratados "por los procesos legales establecidos" y que no se haya respetado los principios de "mérito, capacidad e igualdad" característicos de la función pública.
Asimismo, la fiscal ha aseverado que para estas contrataciones, que conllevaron el desarrollo de una "administración paralela", se hicieron mediante "contratos menores" para evitar un procedimiento abierto con competencia y publicidad, una fórmula que es "correcta" si son fiscalizados por la Intervención General de la Junta --ante la existencia de facturas y memorias-- pero que no son procedentes ya que "no responden a necesidades puntuales o urgentes" al haber continuado los contratos "en el tiempo" y haber pasado esos 44 trabajadores posteriormente a realizar las mismas funciones a través de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
De otra parte, la Fiscalía ha señalado que varios de los 44 trabajadores contratados por Umax pertenecían al "entorno" de Francisco Javier Guerrero al proceder de la localidad sevillana de El Pedroso --municipio en el que Guerrero fue alcalde-- y otros puntos de la Sierra Norte. Igualmente, el Ministerio Público indica la situación de que un sobrino de Juan Márquez haya sido uno de los contratados por Umax.
Con respecto a Daniel Rivera, el Ministerio Público apunta que si bien el periodo investigado por esos contratos coincide "en un periodo muy corto" en su etapa como director general de Trabajo "no existe motivos para no mantener la imputación" y, en ese sentido, recoge que tras conocer la existencia de esos contratos con Umax tras la solicitud de la deuda de 1,5 millones de euros de Ulpiano Cuadrado, e informar verbalmente de esta situación al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, "testigos han indicado que este manifestó a los trabajadores de Umax que se iba a proceder a su despido pero que iba a hacer todo lo posible para que fueran contratados por otras entidades para continuar con sus cometidos", circunstancia que se produjo al pasar estos trabajadores a ser contratados por la Faffe "sin que el procedimiento fuera normal".
Con respecto al delito de falsificación documental, la Fiscalía ha indicado que "no consta" que existieran facturas por los trabajos desarrollados por Umax de 2003 a 2006 y en cuanto a las 14 facturas emitidas por Umax entre 2007 y 2010 que según Ulpiano Cuadrado fueron elaboradas como modelo para su abogado, "éstas no tuvieron registro de entrada y no han tenido ninguna tramitación" recogiendo las conclusiones de la Intervención General que éstas fueron elaboradas "para reclamar el abono de la deuda de 1,5 millones de euros".
"BENEFICIOS DEL 20% PARA UMAX"
Por otra parte, la abogada de la Junta --personada como acusación particular--, Victoria Gálvez, ha indicado que estos contratos con Umax ha supuesto "un menoscabo a las arcas públicas" porque el contrato de estas 44 personas suponían un "coste salarial superior" toda vez que Ulpiano Camacho y Francisco Javier Guerrero negociaron "en su contrato verbal" que Umax se abonaría "un beneficio máximo del 20 por ciento" del coste salarial de esas contrataciones.
Asimismo, la abogada de la Junta ha advertido de que las primeras relaciones contractuales de Umax con la Administración andaluza se hayan producido el 18 de febrero de 2003, "semanas antes de que se constituyera esa sociedad".
Además, la acusación particular ha coincidido con la Fiscalía en la existencia de un delito de falsedad documental y recalca que la documentación existente "no se ajusta a la realidad".
La representación legal de la Junta ha subrayado que el acuerdo verbal que suscribieron Guerrero y Cuadrado "carece de cobertura legal, porque su objeto es imposible e ilegal" al tiempo que ha apuntado que los "contratos simulados" de los 44 trabajadores responden "a un desprecio del interés general". Con todo, reclama una condena de once años de prisión para Javier Guerrero, de siete años para Juan Márquez y de diez años para Ulpiano Cuadrado no considerando responsables penales a Daniel Rivera, Javier Aguado y Lourdes Medina.
"JUEZ Y PARTE"
De otra parte, la defensa de Juan Márquez, ejercida por la letrada Inmaculada Torres, ha pedido la absolución de su defendido ya que considera que la acusación "no es lo suficientemente clara" y que la Junta es "juez y parte" ya que la acusación se ha sustentado en una "documentación hecha 'ex profesa' para el proceso y que no ha sido ratificada".
En esa línea, la defensa censura que la acusación ha sido "genérica" y que acusa de unos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental "sin concretar y sin hacer referencia a los artículos del Código Penal". Además, apunta que los contratos menores con los que se ha realizado la contratación de los 44 trabajadores de Umax "pueden ser irregulares pero no constitutivos de delitos".
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