GRANADA, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de Instrucción número 2 de Órgiva (Granada) ha imputado al alcalde de Lanjarón, José Rubio (PP), a la teniente alcalde, dos ediles y la presidenta del PP de la localidad, todos 'populares', por la posible comisión de un delito de prevaricación y otro electoral, después de que el PSOE denunciara la alteración del censo en este municipio.
Se trata, según el auto al que tuvo acceso Europa Press, de María del Carmen Reyes Ruiz --teniente alcalde--, la concejal de Asuntos Sociales, Francisca Gallardo Lozano, y la presidenta del PP de la localidad, Sonia Gutiérrez Quiles.
El juez ha solicitado a todos ellos que presten declaración, además de pedir al Ayuntamiento lanjaronense las solicitudes de empadronamiento realizadas entre el 29 y el 31 de enero de 2007, información a la Oficina del Censo Electoral de Granada y se insta a la Policía Judicial a que informe sobre los titulares y las personas que habitan en las viviendas donde supuestamente se empadronaron personas irregularmente.
El secretario de Organización del PSOE granadino, Juan Manuel Fernández, recordó hoy en rueda de prensa que entre los días 29 y 31 de enero "se produjeron 119 altas censales en Lanjarón" un dato que, según el socialista, supone el 10 por ciento de los votos, "porcentaje suficiente para alterar el resultado electoral", ya que se trata de un municipio de 3.000 habitantes.
Según denunció el PSOE, "estaban empadronadas ocho personas en un apartamento de 50 metros, constaban en el censo técnicos municipales en viviendas de familiares del alcalde y había personas dadas de alta en viviendas o solares abandonados".
Para Fernández las pruebas ofrecidas por el PSOE fueron "tan contundentes como para que el juez los haya llamado a declarar" y afirmó que los hechos son lo suficientemente graves para que el PP haga dimitir a José Rubio puesto que es candidato a la reelección.
Sin embargo el socialista lamentó que aunque el PP ordenase el cese de Rubio, "no se alteraría el resultado electoral en el caso de que volviera a ganar las elecciones el PP", un resultado que "podrá alterar la voluntad de la ciudadanía ya que las personas empadronadas irregularmente podrán votar".
El secretario de Organización aseguró que el PP "está inmerso en su Plan B de la difamación y del todo vale" con el objetivo, según señaló "de que Sebastián Pérez --presidente del PP provincial-- consiga como así lo expresó ser presidente de la Diputación".
