GRANADA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Alhendín (Granada) ha llegado a un principio de acuerdo con la empresa promotora del polígono industrial Marchalhendín, el grupo sevillano Tarje, por el que la administración local percibirá una compensación de unos 21 millones de euros para su desarrollo económico y empresarial.
Así, se desbloquea el proyecto tras la situación generada por el procedimiento judicial abierto por la presunta trama de corrupción urbanística en la que están implicados entre otros el que fuera alcalde del municipio, José Guerrero (PP), y el edil de Urbanismo, Manuel Fernández, y en la que, por otra parte, no influirá el acuerdo adoptado entre empresa y Consistorio, según apuntó hoy en rueda de prensa el alcalde de la localidad, el socialista Miguel Ángel Gamarra.
Gamarra informó de que "aún quedan flecos" en el convenio, que no es definitivo y que incluye compensaciones de 160.000 metros cuadrados de suelo industrial urbanizado --valorados en unos 16 millones de euros--, 2,35 millones de euros en metálico y una rebaja en el precio de venta de unos 150 empresarios que en su día hicieron reserva de espacio en el polígono, cifrada en unos tres millones de euros.
El primer edil valoró la decisión adoptada como "uno de los pasos más importantes dados en este mandato" y "posiblemente en la historia del municipio", ya que incidirá en la "mejora" económica no sólo de Alhendín, sino también de la provincia. Así, consideró que se trata de un acuerdo "justo", en el que el Ayuntamiento no ha apostado por "maximizar" su beneficio, sino por la "legalidad" y "salvaguardar" el proyecto empresarial.
En ese sentido, señaló que el Consistorio está concertando con instituciones, empresas privadas y agentes económicos "poner el suelo en funcionamiento para la mejora empresarial y económica de la provincia". "El polígono industrial se destinará a la instalación de empresas de primer nivel, la puesta en el mercado de naves a precios ventajosos para emprendedores y proyectos de contenido social y al fortalecimiento de la hacienda local y la realización de otras actividades industriales y comerciales".
Con la compensación de 21 millones de euros, la Administración Local prevé recuperar parte de las pérdidas económicas por la paralización de proyectos urbanísticos en el municipio a consecuencia de la investigación, que ascendían, según las cuentas municipales, a unos 25 millones de euros.
RESPONSABILIDADES PENALES.
En total el número de encausados en esta presunta trama de corrupción urbanística asciende a 14, si bien los más destacados son el que fuera alcalde del municipio José Guerrero y el ex edil de Urbanismo Manuel Fernández, además de los nueve empresarios imputados. Todos los que ya han declarado negaron los cargos que se le atribuyen ante el juez y manifestaron haber actuado conforme a la "legalidad".
El que fuera alcalde dimitió de sus cargos el 10 de marzo de 2007 por sentirse "presionado" tras los escándalos de supuesta corrupción urbanística que salpicaron a su equipo de gobierno y de los que se desvinculó ante el juez al manifestar que actuó "conforme a la legalidad".
Días antes, tuvo lugar la detención del ex edil de Urbanismo Manuel Fernández que quedó en libertad bajo fianza de 18.000 euros, y al que se le imputan los delitos de cohecho, prevaricación, prevaricación urbanística, fraude y exacciones ilegales y, por último, alteración de precios en concurso público, de los que se declaró inocente ante el juez.
