Greenpeace advierte de la contaminación de ríos cercanos a la mina de Aznalcóllar (Sevilla) por los vertidos tóxicos

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

Greenpeace ha presentado este jueves imágenes exclusivas de cómo el agua almacenada en la corta de Aznalcóllar (Sevilla), que contiene los lodos tóxicos del desastre ocurrido hace 28 años, se está filtrando y contaminando el río Agrio y el río Guadiamar, llegando al Guadalquivir. Según ha informado la entidad, este drenaje ácido de aguas color azul turquesa alberga una gran cantidad de metales pesados. Una situación que, además, se ha visto agravada tras el pasado tren de borrascas que ha azotado la geografía andaluza con especial virulencia.

Así, la organización ecologista ha avisado en una nota de que, con independencia de que esta instalación no esté en fase de explotación, la gestión de los pasivos mineros es responsabilidad de la actual empresa adjudicataria de la mina, el Grupo México. "Lo más preocupante es que este vertido descontrolado es una cantidad ínfima con respecto a lo que se podría producir en caso de que salgan adelante los proyectos de reapertura de las minas de Aznalcóllar y de Cobre Las Cruces, convirtiendo el Guadalquivir en una verdadera 'alcantarilla minera'. Es una irresponsabilidad por parte de la Junta que no podemos permitir", ha declarado el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

En este contexto, Greenpeace ha explicado que la Junta de Andalucía ha dado luz verde al Grupo México y su filial Los Frailes para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, lo que supondría el vertido de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados a través de una tubería de 30 kilómetros, desde el recinto minero hasta el estuario del Guadalquivir, durante más de 18 años.

A su juicio, una parte de esas aguas procederían del vaciado de las cortas donde están almacenados los lodos tóxicos del desastre minero de 1998. Ante este atropello ambiental, Greenpeace, junto a Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra y SEO/BirdLife, ha interpuesto un recurso de alzada exigiendo la anulación de la resolución que autoriza el proyecto de explotación minera, la cual tachan de "nula de pleno derecho".

Asimismo, ha señalado que a esto se suma la amenaza de la mina de Cobre Las Cruces. Tras operar desde 2009 como explotación a cielo abierto, provocando contaminación ecotóxica en el Guadalquivir, la minera pretende ahora perpetuarse con un proyecto de minería subterránea en galería.

Esta nueva fase contempla un vertido masivo de más de 32.760 millones de litros de agua con metales pesados durante 14 años en su punto de vertido en La Algaba (Sevilla). Greenpeace ha considerado una "temeridad inaceptable" que la Junta de Andalucía pretenda avalar esta reapertura basándose en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con más de una década de antigüedad, ignorando la correlación directa ya demostrada entre la actividad de esta mina y el incremento de la toxicidad en el estuario.

En este sentido, Greenpeace ha advertido que los dos vertidos dejarían "tocado de muerte" al río Guadalquivir, y que la Junta de Andalucía "no está teniendo en cuenta sus efectos sinérgicos". Ambos afectarían a varios Hábitats de Importancia Comunitaria de la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir, integrada en la Red Natura 2000, y añadirían una nueva presión al ya deteriorado Parque Nacional de Doñana.

Para la organización ecologista, esto resulta "especialmente preocupante" cuando el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza (2024) obliga a restaurar al menos el 20% de los ecosistemas antes de 2030; en España solo el 9% de los hábitats está en buen estado. Por ello, más que asumir nuevos impactos para restaurar después, debe aplicarse el principio de no deterioro y proteger la zona.

Estudios científicos llevados a cabo por investigadores de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada han constatado la presencia de plomo por encima de los límites permitidos por la Unión Europea en albures, un pescado muy consumido en los pueblos ribereños.

Igualmente, se ha demostrado presencia de arsénico al límite de lo permitido por la Unión Europea en galeras, un crustáceo muy popular y que juega un papel importante en la gastronomía y la economía de los pueblos de la desembocadura del Guadalquivir. Estas investigaciones denuncian además que, de producirse los vertidos previstos, la contaminación por metales pesados del río Guadalquivir se multiplicaría por diez.

De este modo, Greenpeace ha señalado que sería necesario comprobar si están viéndose afectadas otras especies de peces y crustáceos de gran importancia para el turismo y la gastronomía local, como la acedía, el cangrejo rojo, la gamba o los langostinos de la desembocadura del Guadalquivir. Por otro lado, ha subrayado que estos vertidos también podrían poner en peligro al sector agrario: el cultivo de arroz en las marismas del Guadalquivir --el mayor arrozal de España, con una superficie de más de 36.000 hectáreas-- se encontraría en grave peligro al estar utilizando agua con una alta cantidad de arsénico, un metal pesado que el arroz bioacumula con facilidad.

Greenpeace ha recalcado que las autorizaciones de vertido concedidas por la Junta de Andalucía ignoran una realidad científica crítica: el río Guadalquivir no funciona como un canal de evacuación hacia el océano, sino como un gigantesco depósito de sustancias tóxicas. A pesar de que las empresas mineras aseguran cumplir con los límites de disolución, la dinámica sedimentaria del estuario convierte estos vertidos en una amenaza acumulativa y permanente. Numerosos estudios científicos han avisado ya de que la dinámica hidrológica del río impide que los metales pesados salgan al mar: la presa de Alcalá del Río actúa como un "fondo de saco", frenando el empuje de las mareas que van estuario arriba y obligando a los sedimentos a decantar, asentándose en el fondo.

A esto se suma el llamado "tapón salino" en la desembocadura, una barrera física natural donde el encuentro del agua dulce con la salada frena la salida de las aguas interiores. Como resultado, los metales pesados no se diluyen en el Atlántico: se adhieren al material en suspensión, terminando sepultados en los lodos del estuario y pasando así a la red trófica. Con los episodios de lluvia intensa o cuando se desembalsa agua de la presa de Alcalá del Río, se produce una salida de estos lodos decantados que terminan llegando al Golfo de Cádiz, e incluso al Mar de Alborán, afectando también allí a la red trófica marina.

Por todo ello, Greenpeace ha exigido la paralización inmediata de las autorizaciones y una moratoria a las prospecciones mineras en la zona. Por otro lado, reclama la constitución de un grupo técnico-científico de expertos independientes que evalúe el impacto acumulativo de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces. Como ya denunció en el informe Los otros Altri, o cómo las corporaciones amenazan la biodiversidad y las administraciones lo permiten, la organización pide que se prioricen la salud pública, la protección de Doñana y la supervivencia de sectores productivos compatibles con la conservación de la biodiversidad, frente a la rentabilidad económica de multinacionales como Grupo México, responsable de graves desastres mineros en otros países.