SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La organización Greenpeace ha opinado que el Decreto Ley aprobado este pasado lunes en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía "agiliza la destrucción del medioambiente" cuando el Gobierno andaluz "tendría que estar trabajando por minimizar los impactos y reducir emisiones, tal y como demanda la situación de emergencia climática y de crisis de biodiversidad".
En su opinión, la Junta demuestra que "la anunciada revolución verde no es más que postureo ambiental que esconde un peligroso interés depredador por el medio, tejiendo los mimbres legislativos que agilicen la sobreexplotación de los ecosistemas andaluces", ha expresado Luis Berraquero, coordinador de movilización de Greenpeace en Andalucía.
En una nota de prensa ha afeado que el Gobierno andaluz recupera así las políticas que "nos han llevado a esta crisis climática y de biodiversidad, flexibilizando 21 normas que entienden que el medio natural es una molestia y supeditado el interés de unos pocos frente al interés general".
Berraquero ha apuntando que son "especialmente preocupantes las medidas aprobadas en materia de urbanismo y turismo" dado que las reformas referentes a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) y a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) afectan a dos instrumentos jurídicos que fueron creados, entre otras cuestiones, para "contener la fiebre del ladrillo".
"Andalucía cuenta con el 14,3 por ciento de su costa urbanizada y, al calor del resurgimiento de la burbuja inmobiliaria, se han incrementado el número de proyectos que amenazan los ecosistemas costeros. Si bien la legislación para parar este deterioro ambiental en la costa por la presión inmobiliaria ha sido insuficiente, un adelgazamiento en su corpus legislativo, declaradamente enfocado a incrementar dicha presión, no augura nada bueno para los mismos", ha añadido.
Según los datos de 2019 sobre turismo, Andalucía cerró el año con un incremento del 1,6 por ciento en ventas y un 1,2 más de beneficios. Por este motivo, a su juicio, "la argumentación de la necesidad de eliminar las barreras normativas que según la Junta dificultaban el desarrollo de la actividad económica en el sector no casan con los datos que arroja el balance del año anterior".
Ha subrayado que esta reforma legislativa deroga de la declaración de los proyectos de campos de golf como interés turístico que "había mostrado ser eficaz para evitar la proliferación de estas infraestructuras". "Uno de estos campos de golf puede llegar a tener un consumo anual de agua de unos 700.000 metros cúbicos, equivalente al gasto de una población de unas 15.000 personas", ha explicado.
"Andalucía, con independencia del año hidrológico, vive una situación de sequía estructural debido al número de hectáreas de regadío que alberga y actualmente las reservas de agua embalsada están por debajo del 50 por ciento. Se trata de sequías que serán cada vez más intensas como consecuencia de los efectos del cambio climático. A esto se le suma la presión que el turismo y dotaciones como los campos de golf, ejercen sobre el sistema y hacen insostenible la demanda de agua", ha concluido Luis Berraquero.
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