SEVILLA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Andalucía (Coima) ha valorado positivamente la iniciativa de crear una nueva Ley de Montes en Andalucía ya que la anterior, de 1992, "ha quedado obsoleta al haberse producido cambios importantes en las últimas tres décadas". De este modo, la portavoz de Coima, Ana Warleta, ha subrayado que la ley regional de Andalucía "debe adaptarse a la ley estatal".
En declaraciones a Europa Press, Warleta ha destacado que dicha ley "pretende dar un vuelco a la anterior ya que ésta supuso una restricción". Así, ha asegurado que lo que necesitan los montes es "un impulso a su actividad y rentabilidad, con una gestión acorde para que estén mucho más vivos" y, a su juicio, esta nueva normativa, "ve esa necesidad de generar empleo a partir de los terrenos forestales".
Cabe recordar que la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, anunció el pasado 21 de agosto en localidad de Huelma (Jaén) que el anteproyecto de Ley de Montes de Andalucía será debatido en el Parlamento andaluz durante el próximo mes de septiembre para que esté vigente de cara al primer trimestre de 2026.
Entre los objetivos de este nuevo marco legal se encuentran "la aplicación de medidas de fomento e incentivos a la propiedad privada y la promoción y defensa del patrimonio público forestal; simplificar las cargas administrativas en materia forestal; desarrollo del sector forestal como fuente de empleo y fijación de la población en el medio rural así como consolidar el Catálogo de Montes de Andalucía".
Sobre la búsqueda de desarrollo forestal como fuente de empleo, Warleta ha insistido en que "en los últimos años hemos visto que ha habido un gran abandono en general de los terrenos forestales, tanto públicos como privados". De esta manera, ha subrayado la necesidad de "impulsar y favorecer rentabilidad y riqueza por parte de los montes, especialmente en los privados, ya que suponen aproximadamente el 70% del territorio forestal de Andalucía".
"RENTABILIDAD EN LOS MONTES"
Mientras que la antigua normativa supuso una gran restricción al impulso del aprovechamiento forestal en los montes andaluces, Warleta ha insistido en que este nuevo marco legal "sí da un enfoque importante a buscar una economía y una rentabilidad a los montes, con aprovechamientos de todo tipo, ya sea corcho, pastos, setas, leña, biomasa".
"En la comunidad autónoma de Andalucía hay montes que ahora mismo deberían ser un motor económico para la sociedad, ya que sería una medida de lucha contra los incendios forestales y una activación del empleo rural, además de combatir la despoblación de las zonas rurales", ha apostillado la portavoz.
Al respecto, Warleta ha aseverado que "esta nueva ley no es una normativa que vaya a afectar a la conservación, todo lo contrario". "Para la conservación de los montes es necesario que haya actividad económica y esto lo va buscando la nueva ley de montes".
De hecho, la normativa recoge en el artículo 117 que podrán ser objeto de subvención las actividades vinculadas a la gestión forestal sostenible que se adecuen a las previsiones del Plan Forestal Andaluz, así como la que estén incluidas en zonas de actuación urgente o de riesgo extremo por incendios forestales o que impliquen el mantenimiento o creación de empleo rural", así como el artículo 118 constata "bonificaciones fiscales a personas físicas o jurídicas que ostenten la propiedad de montes"
Asimismo, el articulo 116 del nuevo marco legal incluye diferentes "incentivos por los servicios ambientales" donde la Junta establecerá relaciones contractuales con el propietario o titular de la gestión del monte, o de cualquier aprovechamiento", al mismo tiempo que se "fomentará la formalización de acuerdos entre las personas titulares de terrenos forestales y terceros para potenciar los servicios ambientales, que, según el caso, podrán o no tener la consideración de aprovechamiento forestal".
SIMPLIFICACIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS
Uno de los objetivos generales del anteproyecto, así se constata en el documento, es no establecer cargas administrativas innecesarias y adaptar los requerimientos administrativos a las singularidades andaluzas. Así, "los trámites estudiados no suponen ninguna dilatación administrativa innecesaria", añade la memoria.
En este sentido, Warleta ha puntualizado la "necesaria agilización de los trámites burocráticos en los montes privados, debido a que el exceso de procedimientos no favorece la ejecución de los trabajos que requieren los montes para su correcta gestión".
"Se debe incentivar que los propietarios de terrenos forestales ejecuten actuaciones necesarias eliminando trabas y obstáculos para así darles facilidades a la hora de realizar la gestión forestal y evitar el abandono", ha insistido Warleta.
Para dichos plazos y trámites, "los más breves posibles", el anteproyecto de ley ha procurado que se hagan de forma electrónica a través de la creación de tres herramientas informáticas como son el Sistema de Información Geográfico Forestal de Andalucía; la Red Muestra de montes con gestión forestal sostenible y ejemplar, además de un Registro Andaluz de Empresas, Industrias y Cooperativas Forestales.
"La ley tiene que incidir en facilitar e incrementar las ya existentes posibilidades que tiene Andalucía de generar y de producir recursos a través del monte, potenciar el empleo rural, prevenir incendios, mantener la conservación. La región es rica en cantidad y calidad con respecto a muchos recursos forestales", ha concluido Warleta.