SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de IULV-CA ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo contra la resolución del presidente de la Cámara andaluza, Juan Pablo Durán, del 9 de enero del 2017 por la que la coalición de izquierdas se queda sin ningún representante en la Mesa del Parlamento para dar cumplimiento a una sentencia del Alto Tribunal.
El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, junto al profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías, ha explicado en rueda de prensa que, tanto en nombre de la formación de izquierdas como del diputado José Antonio Castro, presentan este recurso al entender que se ha vulnerado su derecho fundamental a ejercer sus funciones representativas y, en consecuencia, el derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos que recoge la Constitución.
En virtud de dicha resolución, que ahora recurre IU, se incorporó a la Mesa --que tiene siete miembros-- la diputada del PP-A Patricia del Pozo como secretaria segunda, tras haber presentado otro recurso de amparo que fue estimado por el TC. Esto conllevó la salida de la misma del diputado de IULV-CA José Antonio Castro, que ocupaba la Secretaría Tercera y que pasó al diputado de Ciudadanos Julio Díaz (que era el secretario segundo).
Maíllo ha señalado que la interpretación que hizo Juan Pablo Durán de la sentencia del TC es "política y no jurídica", con la que el presidente del Parlamento perseguía, a su juicio, no tener que hacer uso de su voto de calidad en caso de empate, toda vez que IU considera que una solución para dar cumplimiento al fallo del Alto Tribunal hubiera sido ampliar a ocho los miembros de este órgano parlamentario.
Así las cosas, aunque una vez que se aplicó la resolución del presidente de la Cámara los partidos llegaron a un acuerdo para que Castro pudiera estar presente en la Mesa como vocal, para IU ésta "no es una solución justa" pues le permite tener acceso a la información y a los debates, pero no les permite ser miembros "de pleno derecho" en la Mesa.
Según explica, en este asunto confrontan dos artículos del Reglamento de la Cámara, el 36, que contempla que todos los partidos que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa, que es el que argumenta IULV-CA; y el artículo 34, esgrimido por el PP-A en su momento, y que recoge el método para elegir a los miembros de la Mesa por mayoría de la Cámara.
IU, que defiende que debe reformarse "de forma integral" el Reglamento del Parlamento, sostiene que una posible solución para evitar que ningún grupo se quede sin representante sería ampliar a ocho el número de miembros de la Mesa, pues antes de anular ninguno de los dos artículos anteriores que recogen "derechos fundamentales" defienden que es mejor reformar el que contempla que la composición de este órgano rector, que es, al fin y al cabo, un artículo organizativo.
Así, Maíllo sostiene que Duran aplicó la interpretación que hacía su partido --el PSOE-A-- de la sentencia del TC, pero "no era la única" y además "vulnera un derecho fundamental" a IU, como es el derecho de los recurrentes a ejercer sus funciones representativas
Como ha recordado, el TC, en la sentencia que amparaba el derecho de Del Pozo, no establecía cuál debía ser la nueva composición de la Mesa para darle cabida a la diputada del PP-A, cuando señala que el Parlamento andaluz "tiene autonomía organizativa" y el fallo remite a la Cámara "para que armonice ambos artículos que, como es el caso, se pueden contradecir".
LA RESOLUCIÓN NO ESTÁ RAZONADA
Asimismo, en el recurso también argumenta que la resolución de Durán no viene razonada, por eso entienden que es una "decisión política, porque para que sea jurídica debe tener argumentos". "El presidente del Parlamento elige la opción que más lesiona un derecho fundamental y la que más conviene al PSOE-A, para no tener que aplicar el voto de calidad ni perder la mayoría", ha agregado.
Maíllo ha defendido que Durán "erró" en su interpretación de la sentencia del Constitucional y pide rectificar para restablecer el derecho de IU a pertenecer a la Mesa del Parlamento como un miembro de pleno derecho.
"Si el TC tumba su resolución se lo tendría que hacer mirar", ha dicho el líder andaluz de IU antes de apuntar que IU considera que el presidente del Parlamento está desacreditado para ejercer ese cargo no solo por esta resolución, sino también por muchas decisiones anteriores. Entre otras, ha mencionado que Durán "se comprometió a dejar el cargo de secretario general del PSOE de Córdoba y aún no lo ha hecho".
Con todo, Urías han defendido que se podría haber aplicado la sentencia "sin vulnerar derechos fundamentales pero no se ha querido" pues el presidente del Parlamento tomó la solución "que más le valía a su partido, el PSOE-A". Además, ha criticado que el presidente se resistió a aplicar el fallo hasta enero, cuando la sentencia se conoció en diciembre, "saltándose el respeto al TC".
