LA GUARDIA (JAEN), 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de La Guardia (Jaén), Juan Morillo (PP), aseguró no entender que el actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la localidad y ex director del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Juan Ramón Romero, continúe en este cargo después de que haya sido condenado a siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación que cometió supuestamente cuando era alcalde del municipio.
En declaraciones a Europa Press, Morillo explicó que "el Ayuntamiento está viviendo una situación incómoda porque Romero continúa con su labor de portavoz del PSOE, a pesar de la sentencia de inhabilitación".
Asimismo, el alcalde de La Guardia subrayó que "los vecinos también están molestos por esta situación". "La gente no entiende que un partido político mantenga en su puesto a una persona que está inhabilitada", concretó Morillo.
Con respecto a la actitud de Romero, Morillo aseveró que "mantiene una actitud que no encaja con el cargo que tiene asignado". "No tiene nada que perder y por eso se comporta de esa forma", destacó Juan Morillo.
El ex alcalde de La Guardia y ex coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud fue condenado a siete años de inhabilitación de cargo y empleos públicos por un delito de prevaricación en una permuta urbanística cuando era alcalde de la localidad, sentencia que fue recurrida ante la Audiencia Provincial.
LOS HECHOS
Según denunció el PP, el 13 de junio de 2003, cuando Romero estaba a punto de ceder la Alcaldía al PP tras las elecciones municipales del 25 de mayo, el todavía alcalde en funciones ordenó y firmó la urbanización de un terreno perteneciente a un particular con el que el Consistorio había permutado unos terrenos.
En la denuncia reza que la resolución de Alcaldía "no se expuso en el pleno municipal" y que el convenio urbanístico es "lesivo para los intereses del Ayuntamiento" porque, según el PP, costea la urbanización de los terrenos de un particular.
De hecho, el pleno del Ayuntamiento aprobó declarar nulo el acto administrativo firmado por Juan Ramón Romero, quien, durante la instrucción, expresó su confianza en que el juez archivara finalmente el caso.
