JAÉN, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El viceconsejero primero y consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, manifestó hoy que están haciendo las gestiones oportunas para evitar el rechazo de la declaración de enfermedad profesional a los ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), en la provincia de Jaén, y que, a tal efecto, están buscando "alguna otra fórmula" aunque advirtió "para no crear falsas expectativas de que, desde el punto de vista jurídico y legal, es bastante complicado".
A preguntas de los periodistas en Jaén, Zarrías insistió en que no comparten la decisión "técnica" del peritaje que realizó la Seguridad Social y que por ello están "en diálogo" con esta institución "para buscar algún mecanismo que compense esa decisión", si bien "hasta ahora no se ha encontrado".
Esa búsqueda "no es sencilla", según reconoció el viceconsejero, quien indicó que pese a esas dificultades no cejarán en su empeño de encontrar una solución para este colectivo --la plantilla de la FUA estuvo integrada por 126 trabajadores, aunque las personas afectadas rondan los dos centenares, de los que tan solo permanecen vivas 35 personas, todos con patologías--.
Mientras tanto, los ex trabajadores de la FUA, que estuvo operativa entre los años 1959 y 1981 ahora está enterrada a las afueras de la localidad Andújar, en una ladera rodeada por una valla, presentaron una reclamación previa contra la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que no les reconoce la enfermedad profesional.
En concreto, el INSS resolvió que las enfermedades que presentan los afectados "no tienen su origen en la contingencia de enfermedad profesional", una conclusión que, además, se une a otra salida recientemente por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) que rechaza la reclamación patrimonial de este colectivo en el que solicitaban al Estado una indemnización de 12 millones de euros alegando que esta solicitud ya ha prescrito.
Estas dos resoluciones van en contra de los planteamientos políticos articulados tanto por parte de la Junta de Andalucía --que precisamente ayer declaró "no compartir" estos informes al tiempo que defendía los elaborados por el Servicio Andaluz de Salud en los que sí se deja un margen para el reconocimiento-- como por parte del Gobierno central.
De hecho, el anterior ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró en una de sus últimas visitas a la capital jiennense (13 de diciembre de 2007) que se habían impulsado informes adicionales para intentar buscar la "más mínima rendija que permita mejorar la situación" y reconocer la enfermedad profesional a los ex empleados de la FUA, después de que algunos de los expedientes facilitados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía no determinaran la relación causa-efecto por lo que esa "línea hasta ahora no está clara".
