JAÉN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ex alcalde de la localidad jiennense de Torredonjimeno y actual secretario provincial del PSA de Jaén, Javier Checa, justificó el derribo del edificio de viajeros de la antigua estación de Renfe del municipio en la "alarma social" que reinaba entre vecinos por el peligro de derrumbe a la vez que alegó que contaban con "informes verbales" a tal efecto.
En el juicio, que se celebra hoy en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Jaén, Checa argumentó igualmente que no tenían expediente de ruina alguno sobre el edificio que demolieron, pero insistió en que no era obligatorio tenerlo.
El ex alcalde relató que todo comenzó en diciembre de 2003, pocos meses después de que accediera a la Alcaldía tosiriana, momento en el que solicitó una reunión con Renfe con el doble objetivo de esclarecer "el embrollo" que el Ayuntamiento tenía con Renfe y comunicarles que tenían una nave en estado peligroso.
El encuentro tuvo lugar el 22 de enero del año siguiente, reunión en la que informaron a Renfe sobre estos extremos y la entidad a su vez les confirmó que la nave carecía de estabilidad y habitabilidad, según aseguró. Al ser preguntado sobre por qué no optó por apuntalar el edificio o vallarlo respondió que estos medios no garantizan la seguridad y que él optó por la decisión que consideró más segura, que no era otra que la demolición.
En cualquier caso la orden de demolición no llegó hasta unos meses después, en concreto, la resolución está fechada en el día 28 de abril. Checa subrayó que adoptó la decisión de tirar la nave porque Renfe le dijo que era su responsabilidad y porque en el tiempo que transcurrió entre la citada reunión y la resolución de demolición Renfe no hizo nada y "un alcalde tiene el deber de actuar si hay peligro para la ciudad", apostilló.
Con respecto al informe elaborado por el otro acusado, el entonces arquitecto técnico municipal identificado como Francisco B.M., el ex acalde recalcó que le pidió ese documento dentro de la legalidad vigente y reiteró que no hay expediente de ruina porque las decisiones que adoptó las llevó a cabo a través de la vía de urgencia.
Por su parte, Francisco B.M. detalló que antes de que le pidieran el informe técnico sobre la antigua estación de ferrocarril fue ofreciendo informes verbales sobre el estado de esta infraestructura, en la que apreciaba un "riesgo grave y real de derrumbe". Además, rechazó que en su designación hubiera algún "trapicheo" y, al igual que proclamó Checa, destacó que con la demolición de este edificio no obtuvo ningún interés más allá de velar por la seguridad de los vecinos.
En el juicio también declaró como testigo el anterior alcalde de Torredonjimeno Miguel Anguita, persona que fue la que interpuso la denuncia por el derribo de la antigua estación, quien, entre otros aspectos, expuso la hipótesis de que Checa tiró la estación por el capricho de decir que el que gobernaba era él.
POSTURA DE RENFE.
El delegado de Patrimonio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en Andalucía reconoció que el estado del antiguo edificio de viajeros no era el idóneo porque tenía problemas de mantenimiento, pero constató que lo que requería era una rehabilitación y que, de hecho, no había informes o comunicaciones que señalasen su peligro de derrumbe.
Además, recordó que en la reunión de enero de 2004 el tema que se abordó fue la posibilidad de retomar un convenio anterior con el Ayuntamiento y la conveniencia de rehabilitar el edificio, pero que no se planteó su derribo. Así, agregó que la siguiente noticia que recibieron fue a finales de abril, cuando un concejal de este Consistorio llamó a la central de información de Renfe diciendo que el edificio había sido tirado.
A continuación, compareció la arquitecta técnica municipal del Ayuntamiento de Torredonjimeno quien sentenció que ese edificio no corría riesgo de derrumbe, que no presentaba ninguna deficiencia estructural y que solamente estaban en ruinas elementos puntuales, tales como objetos decorativos.
El siguiente testigo fue la mujer que en esas fechas ejercía de secretaria del Consistorio, quien relató que a principios de mayo Checa le pidió que firmara la resolución del derribo y que ella se negó porque no se había realizado ningún proceso anterior.
En su escrito de conclusiones provisionales, el ministerio fiscal solicitaba que Checa fuera condenado por un delito de prevaricación a la pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y cuatro años de prisión por un delito de falsedad documental en concepto de inductor, por el que también le solicita el pago de una multa de 3.240 euros. Para el otro acusado pedía cuatro años de prisión por un delito de falsedad documental y una multa de 3.240 euros.