La organización solicita que se impida o posponga cualquier manifestación que pueda suponer que "se enciendan los ánimos"
JAÉN, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez-Heredia, ha pedido por escrito a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén que se tomen las medidas necesarias ante los "lamentables acontecimientos que se están viviendo en la localidad jiennense de Castellar" al tiempo que le solicita una reunión para informarle sobre su posición y consensuar, "en la medida de lo posible, las acciones a tomar en defensa de los derechos constitucionales de todos".
De este modo, Ramírez-Heredia manifestó a la Junta la "grave preocupación creada en la comunidad gitana española por los hechos acontecidos en la ciudad de Castellar, ampliamente difundidos por los medios de comunicación en todo el Estado, en los que se han puesto de manifiesto el enfrentamiento entre jóvenes 'payos' y gitanos, lo que ha motivado la huida masiva de los gitanos residentes en Castellar", según señaló esta organización en un comunicado.
Además, el presidente de la Unión Romaní recalcó que tan pronto tuvo conocimiento de los hechos de Castellar contactó con el alcalde de la localidad, Pedro Magaña, para informarse de la situación y que éste le dio "la más firme seguridad" de que no iba a dejarse influir por "pretendidos extremistas de cualquier signo y que no haría la más mínima dejación de su firme voluntad en defender los derechos constitucionales de todos los ciudadanos de Castellar, de cuya población los gitanos forman parte indiscutible e indivisible".
La Unión Romaní, "consciente de que el racismo es una lacra latente en buena parte de la sociedad española y que en momentos como este es una llama que puede prender con gran facilidad", puso de manifiesto "la más firme voluntad en la defensa de la comunidad gitana, siempre la parte más vulnerable en este tipo de conflictos".
Esta organización hizo hincapié en que, "con la fuerza de la Ley y la Constitución, no se permitirá ninguna agresión, venga de quien venga, contra la población gitana de Castellar" y exigió a las autoridades civiles y policiales que "garanticen la vuelta en paz y la seguridad de las familias gitanas que bien por ser amenazadas o bien por miedo legítimo se han visto obligadas a abandonar sus residencias".
De esta forma, se ha pedido "por un elemental sentido de prudencia y en base a la triste experiencia adquirida en circunstancias muy parecidas" que se impida o posponga cualquier manifestación que "bajo el lema de otras reivindicaciones suponga el peligro de que se enciendan los ánimos y, una vez mas, sean los gitanos las víctimas del odio racista y de las acciones incontroladas de los más violentos".
