Declara la situación de responsable civil subsidiario del Ayuntamiento de la capital
CÓRDOBA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha acordado la apertura de juicio oral a los representantes sindicales y opositores que participaron en las oposiciones convocadas para plazas de Bomberos de Córdoba, entre los años 2008 y 2009, un total de nueve acusados por supuesto amaño.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez considera que hay indicios de que los representantes sindicales miembros del tribunal pudieran haber cometidos los delitos de prevaricación, revelación de secreto y tráfico de influencia.
Por su parte, tras la instrucción llevada a cabo, los opositores acusados pudieran haber incurrido en delito de prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y tráfico de influencias, según el magistrado, que ha dado traslado a la Fiscalía de este auto para si quiere presentar acusaciones contra alguno de los acusados o mantiene el sobreseimiento del caso, realizado en su día.
Además, según recoge el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez declara la situación de responsable civil subsidiario del Ayuntamiento de Córdoba, "formándose respecto del mismo la oportuna pieza de responsabilidad civil", al tiempo que acuerda librar oficio al Consistorio para que "por quien corresponda" se remita al Juzgado "certificación de los haberes que por todos los conceptos podrían haber correspondido por la prestación funcionarial" de uno de los perjudicados.
En relación a la postura del fiscal, el juez alega como razonamiento jurídico que "la calificación de los hechos realizada por el Ministerio Público --que pide el archivo de las actuaciones-- demuestra un encomiable celo en el desempeño de sus funciones razonando suficientemente los motivos por los que solicita el sobreseimiento provisional de la causa, pero la fase intermedia del caso no se puede convertir en un adelanto del fallo del juicio oral", según ha adelantado el diario 'ABC'.
De este modo, el juez instructor señala a la Fiscalía que el sobreseimiento libre o provisional debe acordarse, por excepción, "cuando uno u otro resulten claramente evidentes en cuanto a su procedencia", al tiempo que entiende que, de existir base jurídica para una acusación, ésta ha de poder llevarse ante un tribunal que emita sentencia sobre los hechos.
Mientras, el titular encargado de la Instrucción del caso recoge en su auto que "los escritos presentadas por la acusación particular se ajustan en parte a la calificación propuesta por el propio juzgado y se adaptan al relato de los hechos". También, atendiendo a las medidas cautelares solicitadas por la acusación, el juez mantiene la condición de libertad provisional de los acusados hasta la celebración de la vista oral.
POSTURA DEL FISCAL Y LA ACUSACIÓN
Al respecto, el Ministerio Público cree que todos los informes aportados por las acusaciones y los instructores no permiten que se pruebe "con rigor" que ha existido un delito. Se recuerda que los recursos presentados no encontraron satisfacción en la vía contencioso administrativa.
Además, el fiscal asegura que el caso empezó con seis querellados --cuatro padres de opositores y dos miembros del tribunal-- a siete aprobados que no contestaron una de las preguntas y dos miembros del tribunal, uno de los cuales estaba de baja en el momento de los hechos.
En cuanto a la acusación particular ejercida por los afectados, que impulsaron en primera instancia el desarrollo del sumario presentando la denuncia y que ya han entregado la calificación de los hechos, solicita penas para los nueve acusados que suman 36 años de prisión. En concreto, para cada uno de los siete bomberos en este caso pide penas de cuatro años de cárcel, como presuntos autores de delitos de prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y tráfico de influencias.
Asimismo, en el escrito de acusación se reclama que "los acusados indemnicen solidariamente y con iguales cuotas a los querellantes en la suma de 20.000 euros a cada uno de ellos", y asimismo, fijaban al Consistorio como responsable civil subsidiario.
Cabe destacar que el juez pide que se dé traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que pueda formular escrito de acusación, "si es que no insiste en la petición de sobreseimiento de la causa", al tiempo que pide que se notifique la resolución a las partes, así como al propio Ayuntamiento, y contra la que no cabe recurso alguno.
