SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La causa que juzga a tres exdirectores generales de Trabajo, y al dueño de Umax Informática y Consultoría por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a esta empresa por la contratación de 44 trabajadores que "pertenecían al círculo de amigos y familiares" del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, uno de los encausados, continúa este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.
De esta manera, la sesión de este martes será la segunda de las tres sesiones planificadas para la presentación de las conclusiones e informes finales siendo la tercera y última programada para este miércoles. En este sentido, cabe indicar que anteriormente se celebró una sesión en la que se expuso las cuestiones previas de las partes personadas --Fiscalía, la acusación ejercida por la Junta de Andalucía y la defensa de los seis acusados-- así como dos sesiones en la que se produjeron las declaraciones de los acusados. Posteriormente, se celebró la fase testifical que se desarrolló en cinco sesiones.
Cabe recordar que la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, en junio de 2018 dictó auto de apertura de juicio oral e impuso una fianza de 2.556.036,20 euros a los seis acusados, los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a los exsecretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina, y al administrador único de Umax, Ulpiano Cuadrado. La magistrada abrió juicio oral contra todos ellos por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.
Para la Fiscalía, los acusados "se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación" de Umax, "a sabiendas de que no cumplía con los requisitos legislativos requeridos para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de la relación de puestos de trabajo vigente en la Dirección General de Trabajo y en las delegaciones provinciales".
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los pagos derivados de este tipo de contratación "se realizaron bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o bien en expedientes de contratación menor en la que se giraban una serie de facturas por parte de la entidad Umax que correspondían a servicios inexistentes".
Cabe apuntar que Ulpiano Cuadrado, dueño de Umax, presentó entre 2011 y 2012 tres escritos a Empleo reclamando 1,5 millones de euros por los trabajos realizados por sus empleados en la Dirección General de Trabajo entre 2007 y 2010.
"INCONCRECIÓN" DE LAS ACUSACIONES
En la primera sesión del juicio, los abogados de los cinco exaltos cargos de la Junta alegaron indefensión por la vulneración del derecho a tutela judicial efectiva por la "inconcreción" de los hechos por los que se les acusan por parte del Ministerio Público, apuntando que la jurisprudencia exige que la acusación sea "clara y precisa" respecto a los hechos y a los delitos.
Sobre la indefensión causada por la documentación no completa o errónea aportada a la causa, la abogada de la Junta, Victoria Gálvez, respondió que "el problema de esta causa" es que durante esos mandatos en la Dirección General de Trabajo "no se ha documentado la actividad administrativa y se hicieron contrataciones verbalmente y al margen de la legalidad".
GUERRERO NIEGA "HABER COLOCADO" A NADIE
Durante su declaración como acusado, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero aseguró que "nunca ha colocado a nadie", cuando "tenía necesidades" en su casa porque sus hijas, sobrinos o su mujer estaban en el paro y "nunca han trabajado en la Junta".
Guerrero rechazó que como director general tuviera competencias para la contratación de personal, recordando que a su llegada al cargo detectó un déficit "tremendo" de trabajadores, por eso requirió asistencia externa, en este caso, a Umax, para las delegaciones provinciales y los Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC).
"Nunca supe nada de las facturas de Umax; nunca se dieron instrucciones para contratar a una empresa y no a otra; ni nunca nadie me advirtió de irregularidades con esta empresa", aseguró Guerrero, quien indicó que transmitió las necesidades de personal a esta empresa porque habían hecho bien los trabajos informáticos realizados en la Consejería.
Por su parte, el empresario Ulpiano Cuadrado admitió, en los interrogatorios a los acusados, que alcanzó "contratos verbales" con la Dirección General de Trabajo, si bien, alegó que él no tiene conocimiento de derecho administrativo y no sabía que eso era ilegal.
Así, recalcó que en ese periodo había más empresas que prestaban los mismos servicios a Empleo además de Umax, "pero el único condenado soy yo porque exigí y reclamé lo que me debían", en concreto los trabajos relativos a los años 2007 a 2010. Igualmente, aseguró que no elegía a los trabajadores porque eran "amigos" de Guerrero, sino porque "trabajaban bien".
"NO TENÍA COMPETENCIAS PARA CONTRATAR"
En su turno en el interrogatorio, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez --que sucedió en el cargo a Guerrero en mayo de 2008--, aseveró que no tenía competencias para contratar personal, así como que nunca formalizó ningún contrato verbal con Umax.
"Nunca he tenido conocimiento de la presunta existencia de un contrato verbal con Umax, ni nadie me advirtió de compromisos", subrayó Márquez, quien aclaró que no existieron pagos durante su etapa.
De otro lado, el también exdirector general de Trabajo Daniel Rivera --que sucedió en el cargo a Márquez en abril de 2010--, señaló que "no es común" contratar personal externo para trabajos que se realicen por funcionarios o personal laboral y se podría hacer "por una necesidad puntual, pero no durante cuatro o cinco años". A ese respecto, apuntó que informó verbalmente de esta situación al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, a quien "le chocó".
FASE TESTIFICAL
En la fase testifical, la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa aportó a la Sala nueva documentación, que fue aceptada por el tribunal, entre la que se encuentran dos facturas de fecha de 2007 impagadas a Umax por importe de 1,1 millones de euros y 281.563 euros firmadas por Guerrero.
Estos documentos fueron impugnados por la defensa de Guerrero por vulneración del artículo 24 de la Constitución y causar indefensión, así como por la imposibilidad de contradicción. Entre cuestiones, estos documentos no fueron presentados en el momento procesal oportuno por ninguna de las partes, que hubiese sido en cuestiones previas.
De otro lado, un agente de la Policía Nacional, encargado de investigar la contratación de 44 personas por Umax para trabajar en Empleo, testificó que, entre otras conclusiones, se daba "amiguismo" en estas contrataciones, no se respetaban los principios del mérito o que había "muchas personas de El Pedroso" --localidad de la que Francisco Javier Guerrero fue alcalde--.
Por otra parte, el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, que accedió al cargo en marzo de 2010, declaró que cuando conoció por parte de Medina y Rivera que no existía contrato que sustentara a estos trabajos contratados por Umax para desarrollar tareas en la Consejería, "de inmediato" ordenó que estos trabajadores abandonaran la Consejería.
Tras la fase testifical, la Fiscalía ratificó su petición de diez años de prisión para los cinco exaltos cargos de la Junta. En concreto, reclama seis años de prisión y 18 de inhabilitación por el delito de malversación, y cuatro años de cárcel y otros cinco años de inhabilitación, además del pago de una multa de 13.500 euros, por un delito de falsedad, mientras que para el dueño de Umax pide en total ocho años y medio de prisión y el pago de una multa de 7.500 euros.
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