CÓRDOBA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba prevé celebrar este martes el juicio a cuatro acusados, naturales de México, Colombia y Venezuela, por la supuesta comisión de un delito de hurto, tras presuntamente robar unos 100.000 euros en un banco de la capital cordobesa. El Ministerio Público ha pedido para ellos penas de dos años de cárcel.
Según recoge la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 12,30 horas del día 30 de julio de 2010, cuando los procesados acudieron a una sucursal bancaria de la Avenida Almogávares, "de común acuerdo y con ánimo de ilícito beneficio", a bordo de un vehículo alquilado a una empresa.
De este modo, el objetivo era "apoderarse de una cantidad de dinero", todo ello con un plan organizado previamente y diversos repartos de papeles entre los intervinientes, de manera que parte de los acusados penetraron en el interior de la sucursal bancaria, tras comprobar como los vigilantes de seguridad acababan de abandonar la misma tras depositar un montante de 100.000 euros en billetes de 50 y 20, para la provisión de los cajeros automáticos de la entidad.
Al respecto, el dinero se encontraba en una saca que entregaron a un empleado, quien la colocó detrás de la mesa del mostrador de atención al público.
En ese momento, una mujer, procesada en este caso, se dirigió hacia el mencionado empleado, con la finalidad de distraer su atención, hablando con él en inglés sobre un supuesto problema con su tarjeta en el cajero automático, al tiempo que los otros acusados aprovecharon para coger rápidamente la saca con el dinero, "sin empleo de la fuerza, violencia o intimidación a las personas", y abandonaron rápidamente el lugar en el vehículo en el que se habían desplazado.
En este sentido, el fiscal explica que "nada de lo sustraído ha sido recuperado", de forma que el director de la oficina bancaria ha reclamado la indemnización correspondiente, en nombre de la entidad perjudicada.
Además, el Ministerio Público señala que "no consta en la causa si los acusados se encuentran en situación de estancia regular o irregular en el país", motivo por el que pide que en caso de "exigencias legales" la pena de prisión de dos años para cada uno sea sustituida por la expulsión del territorio nacional.
