SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha manifestado este jueves ante el Pleno del Parlamento que, a fecha de hoy, no hay ningún "requerimiento judicial" pendiente a la administración autonómica en relación con solicitud de información en la causa judicial de los cursos de Formación.
Blanco se ha pronunciado así, al hilo de que el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, haya mostrado su preocupación, en una pregunta que le ha formulado en la sesión de control al Consejo de Gobierno, por que el pasado mes de junio se conociera que la Fiscalía Anticorrupción acusaba a la Junta de desobediencia y obstrucción a la justicia en relación con una serie de requerimientos que se habían hecho a la consejería para que aportara una serie de documentación en el procedimiento judicial relativo al supuesto desvío de ayudas a la formación.
Blanco ha expuesto que el citado escrito de la Fiscalía Anticorrupción entró en el Gabinete Jurídico de la Junta con fecha 11 de junio. Ha expuesto que el funcionario de la Dirección general de Formación que estaba dedicado a recopilar la información que se requiriera desde el juzgado había dejado de prestar servicio en diciembre de 2018, con lo que el pasado 19 de febrero se convocó a un nuevo funcionario para que hiciera el citado trabajo ante los requerimiento que llegaran del juzgado.
Ha agregado que ayer se mantuvo una reunión con el fiscal anticorrupción y que desde la Junta se le trasladó "plena colaboración y coordinación" continua.
Por su parte, Hernández ha señalado que no les queda claro si efectivamente se ha apercibido a altos cargos de la consejería por parte del juzgado y si es suficiente la asignación de un solo funcionario para el cumplimiento de esta tarea. "Nos preocupa mucho la imagen que se pueda dar a la ciudadanía respecto a estas causas iniciadas por corrupción, que podrían implicar si no delitos, sí actuaciones negligentes por parte responsables de la Junta", ha dicho.
Ha insistido en que les preocupa que se pueda entender que la administración no colabora con la justicia con la diligencia necesaria para el total esclarecimiento de los hechos", porque hablamos de situaciones "heredadas de la administración anterior" que han costado a los andaluces decenas de millones de euros.
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