Junta critica que el Gobierno "está asfixiando" la Ley de Dependencia con "sus innumerables recortes" en la financiación

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha comparecido este miércoles en Comisión parlamentaria para informar sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia en Andalucía, donde ha denunciado que el Gobierno central "está asfixiando" la dependencia, con sus "innumerables recortes en el sistema de financiación".

Según ha señalado Sánchez Rubio, el Informe de la Comisión para el Análisis de la situación del Sistema de la Dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación, presentado recientemente en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, pone de manifiesto que las comunidades autónomas "están soportando ya más del 80% de la financiación, aún cuando la Ley de Dependencia establecía que la aportación de ambas administraciones, Estado y comunidades, sería del 50% cada una".

En el informe se cuantifica el impacto económico que han producido los recortes del Gobierno central en el sistema, desde 2012 hasta 31 de diciembre de 2016, a partir de la supresión del nivel acordado (283 millones de euros menos cada año) y la reducción de la cuantía de financiación del nivel mínimo (un 13% menos cada año) produciendo un quebranto económico a las Comunidades Autónomas.

"Una financiación equitativa acorde con la ley hubiese obligado a la Administración General del Estado a aportar en presupuestos 1.700 millones de euros más cada año. Andalucía ha dejado de percibir más de 625 millones de euros, con esto podríamos haber atendido a 105.000 personas más en situación de dependencia", ha informado.

Sánchez Rubio ha explicado que la financiación tiene un carácter finalista y por tanto está condicionada al mantenimiento del sistema. "En el informe se reconoce, por primera vez, que la única vía de financiación afectada al sistema de atención a la dependencia en la actualidad por parte del Estado (tras la supresión del nivel acordado) es el nivel mínimo de protección que corresponde al Estado y que representa no más del 20% del coste", ha destacado.

En este sentido, la consejera ha reclamado una vez más que "es necesario, en el corto plazo, modificar el sistema de financiación, en el que se mantenga el carácter finalista, que tenga en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones para su financiación y que priorice los servicios sobre las prestaciones económicas, respetando siempre la voluntad de las personas y que sea garantista de un esfuerzo equitativo entre Estado y comunidades", ha exigido la consejera.

ANDALUCÍA, LÍDER EN ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Además, y cuestionada en la comisión sobre la implantación del Plan de medidas para la reducción del tiempo medio de respuesta asistencial en dependencia en Andalucía, aprobado el pasado 7 de marzo por el Consejo de Gobierno, la consejera ha informado de que a fecha de 30 de septiembre, Andalucía cuenta con 189.700 personas en situación de dependencia (el 20,5% del total nacional), que se benefician de 243.600 prestaciones (el 21% del total).

Por ejemplo, añade que el Servicio de Teleasistencia en Andalucía lo están recibiendo unas 209.000, de las que mas de 77.200 son personas en situación de dependencia, lo que representa el 43 por ciento del total nacional, mientras que el Servicio de Ayuda a Domicilio de la atención a la dependencia lo reciben 53.600 personas, un tercio del total nacional.

Sánchez Rubio ha destacado que "desde la Junta de Andalucía, a pesar de los recortes del Gobierno de España, hemos reactivado la atención a la dependencia. Desde 2015 y hasta el 30 de septiembre, Andalucía ha incorporado más de 92.400 personas beneficiarias con cerca de 127.000 prestaciones nuevas.

La responsable de las políticas sociales ha explicado que "debido a este mayor desarrollo de la Ley de Dependencia, es también la comunidad que más está sufriendo los recortes que el Gobierno central impuso desde el año 2012 a la atención a las personas en situación de dependencia". A pesar de estos recortes, durante este año 2017 se han dado de alta a más de 24.000 nuevas personas en situación de dependencia en Andalucía.

Por otra parte, la Junta ha contratado un equipo de refuerzo para la gestión del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. Se trata de un equipo formado por 74 personas entre las que se encuentran 44 trabajadores sociales y 30 personas que realizarán funciones administrativas, con el fin de reforzar al equipo que ya trabaja de manera directa en cada una de las provincias para la gestión de la dependencia.

Este personal contratado, que se encuentra repartido por toda Andalucía, tiene encomendadas funciones destinadas a reforzar y agilizar la gestión del procedimiento de la dependencia. Esta contratación de personal está en consonancia con las medidas puestas en marcha en Andalucía con el único propósito de agilizar la entrada al sistema de las personas dependientes. El objetivo de la Junta, destaca la consejera, "es acortar los tiempos en la tramitación del procedimiento de la dependencia, de forma que los plazos se reduzcan al máximo".

Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia se han generado más de 45.500 empleos en Andalucía. Se trata de puestos de trabajo estables y no deslocalizables, en un sector ocupado principalmente por mujeres.

PP TACHA DE "FIASCO" EL PLAN PARA REDUCIR TIEMPOS DE ASISTENCIA

La popular Ana Vanessa García Jiménez ha señalado que este plan para la reducción de tiempo de respuesta asistencial "es un fiasco", ya que con los propios datos presentados "no se van a cumplir las expectativas dadas, porque hablamos de que se cerraría el año con 234.000 beneficiarios de la dependencia y si han avanzado que estamos en 190.000 y le quedan al año siete semanas, es complicado llegar a esta cifra".

Asimismo, critica que se anuncie la reducción de los tiempos de espera hasta los seis meses que marca la ley, y "no se sepa en cuánto estamos", pide que "se revise" el nuevo modelo de la dependencia moderada y la colaboración con las corporaciones locales, y acerca de la modificación de la normativa para agilizar los procedimientos, dice no saber si faltan cosas por hacer y en qué van a consistir.

Esperanza Gómez de Podemos valora el plan para la reducción del tiempo medio y pregunta a la consejera "si se sigue manteniendo la previsión de incorporar 77.000 personas al año". Además, la diputada ha expresado su "temor" de que "pueda existir la tentación de externalizar el servicio para agilizar los trámites y que luego se quede externalizado", y se interesa por saber en qué fase está la historia social única.

La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha reconocido el "gran esfuerzo" del Gobierno andaluz en dependencia y dice que "es consciente de que existe un problema de financiación", pero, añade que "muchas veces todo depende de la gestión que se haga". Además, saluda el decreto que "supondrá la mejora y el acortamiento de los plazos" de respuesta asistencial, porque "aunque le ley habla de seis meses, no se cumple".

Por último, la diputada socialista Soledad Pérez felicita al Gobierno por la incorporación de 21.000 nuevas personas, y dice que comparten "la necesidad del decreto de modificación de los procedimientos". Asimismo, señala que "son 380.000 personas las que han solicitado la ley en Andalucía, y son 350.000 los dictámenes emitidos, lo cual es paradójico porque somos el 23% de España, y ni siquiera somos una comunidad envejecida", lo que significa que "en los datos estadísticos no se contabilizan en otras comunidades las personas que deberían estar solicitando la ley".