Archivo - Olivares ubicados en la superficie amparada por la Denominación de Origen Sierra de Segura/Archivo - DO SIERRA DE SEGURA - Archivo
JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido la gestión del Gobierno andaluz en la protección del sector olivarero y ha valorado los controles realizados en la comunidad.
En la Comisión de Agricultura, y en respuesta a una pregunta del PSOE sobre los controles en instalaciones oleícolas y puntos de venta, el consejero ha detallado que durante el último ejercicio cerrado de 2025 se llevaron a cabo un total de 333 inspecciones en el marco de la campaña especial para el control de la pureza y trazabilidad de los aceites de oliva, una iniciativa que se desarrolla anualmente desde 2022.
Fernández-Pachecho ha precisado que estas actuaciones --que se realizan en almazaras, envasadoras y extractoras de toda Andalucía-- dieron como resultado la contabilización de 60 sanciones por incumplimientos graves o muy graves, con una propuesta de penalización económica global que asciende a 871.992 euros.
El consejero ha subrayado que Andalucía cuenta con un "sistema de control reforzado" que va más allá de las exigencias estatales . "Concretamente este año los controles al sector en Andalucía han sumado más del doble de lo que nos exige el Programa Nacional de Control Oficial Coordinado", ha enfatizado el titular de Agricultura, quien ha abogado por ser "diligentes" en el trabajo de inspección sin caer en la "demonización" del sector ni generar alarmas innecesarias.
Por su parte, el parlamentario socialista Francisco Reyes ha alertado sobre la "difícil situación" que atraviesan los olivareros andaluces, agravada por los costes de la energía, los combustibles, los fertilizantes y, especialmente, por los bajos precios que se pagan en origen, situando actualmente el aceite de oliva virgen extra en el entorno de los 3,19 euros.
Desde las filas socialistas se ha instado a la Junta a utilizar con determinación la Ley de la Cadena Alimentaria, modificada en 2021 para prohibir la venta a pérdida y obligar al registro digital de los contratos.
Reyes ha recordado que la competencia de control e inspección corresponde a las comunidades autónomas, por lo que ha pedido una actuación coordinada entre la Consejería de Agricultura y la de Salud para vigilar que el aceite no sea utilizado como "producto reclamo" o "producto gancho" por debajo de su precio de compra .
Durante el debate parlamentario, también se ha puesto el foco en la pérdida de rentabilidad del olivar tradicional, que representa el 81% del sector en Andalucía y resulta "clave" para la fijación de la población al territorio.
El portavoz de Por Andalucía, Rafael Sánchez, ha advertido en otra pregunta relaconada con el sector oleícola que precios por debajo de los 3,30 euros comprometen la viabilidad de estas explotaciones y amenazan con provocar el abandono de tierras y la pérdida de empleo en el medio rural.
A este respecto, el consejero ha insistido en que el "mejor instrumento de apoyo" para garantizar la rentabilidad sigue siendo la Política Agraria Común (PAC). No obstante, ha criticado el actual Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) respaldado por el Gobierno central, asegurando que hace perder a Andalucía más de 100 millones de euros anuales.
Finalmente, Fernández-Pacheco ha puesto en valor las medidas de la administración autonómica, como la Estrategia Andaluza del Olivar Horizonte 27 --con el 86 por ciento de sus 52 medidas ya en marcha o ejecutadas-- y la concesión de 241,6 millones de euros en ayudas agroambientales del Programa de Desarrollo Rural (PDR) prorrogadas hasta 2025, además de las líneas destinadas a la modernización y al relevo generacional.
