La Junta defiende el descenso de un 7,3% en siniestralidad laboral ante las críticas del PSOE de "resignación"

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha acusado este jueves al Gobierno de la Junta de "resignación" ante la siniestralidad laboral en la comunidad, tras enmarcar que 121 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en 2025, mientras que el Ejecutivo andaluz ha defendido que los datos muestran una reducción del índice de incidencia del 7,37% entre 2024 y 2025 pese al aumento del empleo.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento, el diputado socialista José Antonio Sánchez ha señalado que en 2025 se registraron en Andalucía 103.609 accidentes laborales con baja, de los que más de mil fueron graves, y ha advertido de que uno de cada cinco accidentes graves que se producen en España ocurre en Andalucía.

El parlamentario del PSOE ha reprochado al ejecutivo autonómico que rechazara en la Cámara una moción socialista con 22 propuestas para mejorar los datos de siniestralidad laboral, elaborada tras reuniones con sindicatos, colectivos de víctimas y expertos en prevención.

"No podemos aceptar que en nuestra tierra haya una accidente laboral cada cinco minutos", ha afirmado el diputado socialista Gerardo Sánchez, que también ha criticado que "cada tres días muere un trabajador en su puesto de trabajo" y ha advertido de que "la mayoría de los accidentes laborales son evitables".

Asimismo, ha acusado al Gobierno andaluz de normalizar esta situación. "Parece que los accidentes laborales son inevitables en la acción de Gobierno de la Junta de Andalucía", ha señalado, al tiempo que ha reclamado medidas concretas para mejorar la prevención.

Por su parte, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha informado de que el índice de incidencia de accidentes laborales bajó un 7,37% en Andalucía entre 2024 y 2025, periodo que coincide con los dos primeros años de ejecución del I Plan de Actuación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo (EASST) 2024-2028.

Así, Blanco ha detallado que esta reducción de la siniestralidad laboral en Andalucía se sitúa 1,20 puntos por encima de la media nacional, que fue del 6,17%, y que, además, se produce en un contexto en el que ha aumentado la población trabajadora con 224.500 ocupados más en Andalucía en esos dos años y cuando esta comunidad ya venía de un descenso acumulado del 11,75% en el conjunto del periodo 2019-2023.

La titular andaluza ha explicado que el Gobierno andaluz consensua la política de seguridad y salud en el trabajo con los agentes sociales y económicos más representativos de Andalucía en el seno del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (CAPRL) entendiendo que "la prevención de riesgos laborales y la reducción de la siniestralidad laboral es una tarea que nos compromete a todos: gobiernos, empleadores y trabajadores".

Así, Blanco ha considerado que la siniestralidad se está reduciendo en Andalucía gracias a esta "confluencia de responsabilidades", si bien no ocurre "con la intensidad que a todos nos gustaría", toda vez que ha rechazado cualquier discurso triunfalista "puesto que cualquier accidente laboral deja tras de sí un drama personal y familiar, sobre todo si deriva en el fallecimiento del trabajador".

La EASST 2024-2028, con una inversión de 48 millones de euros, se está ejecutando en la actualidad a través del primero de sus dos planes de acción, correspondiente al trienio 2024-2026 y dotado con casi 23 millones.

En concreto, contempla cien medidas que hacen especial hincapié en la cultura preventiva y casi un tercio son acciones específicas vinculadas al descenso de la siniestralidad laboral.

Estas medidas combinan la respuesta a riesgos emergentes con el refuerzo de actuaciones que revelaron una eficacia contrastada durante la ejecución de la EASST 2017-22, ampliada hasta 2023, y el Plan de Choque contra la Siniestralidad, aprobado en agosto de 2023 con vigencia de un año.

Además, destacan acciones comprobatorias en empresas, el refuerzo de las líneas de incentivos, especialmente para pymes, las campañas de sensibilización o la intervención vinculada a los accidentes de algunas tipologías especialmente graves, como las caídas desde altura o los atrapamientos con maquinaria.