GRANADA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El coordinador regional de IULV-CA y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, se ha felicitado este miércoles de que la Fiscalía Superior de Andalucía haya aceptado la denuncia presentada por su formación contra las entidades bancarias que han "incumplido" el 'Código de Buenas Prácticas Bancarias'.
En declaraciones a los periodistas, Maíllo ha indicado que IU defendió estando en el Ejecutivo andaluz y defiende como una de sus "prioridades programáticas" que la vivienda es un "derecho humano" y no se debe dar "uso especulativo" y se ha preguntado qué hará el PSOE en ese sentido, ahora que gobierna en solitario.
"Nosotros hemos demostrado que mientras estábamos en el Gobierno hemos evitado más de 6.000 desahucios y desde luego, si no hubieran recurrrido la ley de la función social de la vivienda, estaríamos hablando de muchos más", ha dicho.
Este miércoles la candidata de IULV-CA al Parlamento por Córdoba en las elecciones del 22 de marzo y exconsejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha anunciado este miércoles la investigación de la Fiscalía Superior que, según ha dicho, podría afectar a todas las entidades que operan en Andalucía y están sujetas al Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria pero de obligado cumplimiento.
IULV-CA ha recordado que la Consejería de Fomento presentó ante la Fiscalía Superior de Andalucía el 11 de diciembre de 2014, cuando todavía estaba dirigida por Cortés, una denuncia por el incumplimiento del Código de Buenas Prácticas Bancarias recogido en el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo de Medidas Urgentes de Protección de Personas sin Recursos, y su posterior modificación con la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social.
El escrito presentado se basaba en el incumplimiento masivo de dicho Código, de adhesión voluntaria pero cumplimiento obligatorio, detectado por Fomento y Vivienda en las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, un servicio público y gratuito de prevención, intermediación y protección ante los desahucios que en sus dos primeros años de funcionamiento logró evitar más de 6.000 desalojos.
