Marín pide a los grupos "consenso" para la aprobación de leyes como la Ley del Suelo y de Tributos Cedidos

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La dirección del grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, formada por el presidente, Juan Marín, la portavoz, Teresa Pardo, los portavoces adjuntos Mónica Moreno y Julio Díaz, y el secretario, Enrique Moreno, se reunido este jueves en dependencias parlamentarias para perfilando las líneas maestras del nuevo curso parlamentario, que arrancará con el inicio del mes de septiembre.

En este sentido, Marín ha recordado que "actualmente hay en la Cámara leyes fundamentales para los andaluces", como son la Ley del Suelo o la de Tributos Cedidos, por lo que ha pedido al resto de grupos "diálogo y consenso para sacarlas adelante", según una nota de este grupo.

"Son leyes fundamentales de esta legislatura. Una lleva 25 años esperando y otra supondrá un acicate para que Andalucía siga liderando la creación de empleo, autónomos, etc", ha remarcado Marín.

En su referencia a la Ley de Presupuestos del próximo ejercicio, el presidente del grupo parlamentario de Cs ha pedido a la oposición que "dejen los brindis al sol y las promesas vacías y pasen a los hechos" en cuanto a una presunta voluntad de diálogo.

Marín ha enumerado las "trampas" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está poniendo al Gobierno andaluz para la elaboración de las cuentas autonómicas, como sucede en el caso de los "537 millones de IVA que le corresponden a Andalucía y que ahora dice que son entregas a cuentas. Está claro que algunos están en elecciones y Ciudadanos está en las soluciones".

Por su parte, la portavoz del grupo liberal en la cámara andaluza, Teresa Pardo, ha anunciado que "una de las primeras iniciativas que vamos a llevar va a ser solicitar al Gobierno central para que tome las medidas necesarias para bajar el IVA en la factura de la luz, especialmente, en personas dependientes y vulnerables. También para las familias, pymes y autónomos".

Pardo ha confirmado que ha mantenido los primeros contactos con diversos grupos parlamentarios para la puesta en marcha de la Oficina de lucha contra el fraude, a cuyo responsable designará el Parlamento.