SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Único (Civea) se ha reunido esta semana, a solicitud de CCOO, con el objetivo de analizar la "desigual" situación en la que se encuentra el profesorado asociado en las universidades públicas andaluzas en lo que se refiere a las retribuciones previstas en el I convenio colectivo en concepto de complemento de doctorado, así como respecto al alcance y aplicación de los planes de acción social a este profesorado por parte de las universidades.
Según han manifestado a Europa Press fuentes sindicales, el debate ha puesto de manifiesto la necesidad de unificar criterios de aplicación por parte de las universidades públicas andaluzas en ambos temas, así como la necesidad de llevar a cabo un análisis más detenido sobre los mismos.
Por ello, se decidió la constitución de una mesa técnica de trabajo, cuya reunión está prevista para la segunda quincena del próximo mes de enero, tras recabar toda la información necesaria.
En cualquier caso, desde CCOO se avanza la necesidad de una sola interpretación que elimine cualquier trato "discriminatorio" por la aplicación de este concepto retributivo, "que debe llevar a reconocer a todo el profesorado asociado el complemento de doctorado en su integridad con independencia de la dedicación contratada".
Igualmente, el sindicato ha puesto de manifiesto la necesidad de que todo el profesorado asociado sea incluido en el plan de acción social de cada universidad en los términos en los que aparece en las adendas al vigente convenio colectivo.
CCOO adquiere el compromiso de defender así estos derechos en ese grupo técnico de trabajo, "que en nuestra opinión debe resolver lo antes posible la situación planteada, y así lo volveremos a exigir en la siguiente reunión".
Una polémica parecida en lo que respecta a la no unidad de criterios se dio con el no reconocimiento de sexenios para los ayudantes doctores --sí, según sentencia, para contratados doctores interinos--. Por ello, y al igual que los docentes temporales hicieron con los quinquenios, en universidades como la Hispalense empezaron a presentarse solicitudes por cada afectado ante el Rectorado para, en función de la respuesta, obrar en consecuencia.
