El Parlamento pide a la Junta que negocie con el Gobierno la transferencia al SAS de la sanidad penitenciaria

PARLAMENTO

SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP-A, Ciudadanos y Adelante Andalucía, la abstención del PSOE-A y el rechazo de Vox, instar al Gobierno andaluz a que, en cumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, proceda a emprender las negociaciones oportunas con el Gobierno central para que la sanidad penitenciaria sea transferida al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la mayor brevedad posible, siempre que se garantice la garantice la transferencia de los recursos económicos y humanos suficientes, y se facilite toda la información sobre los profesionales sanitarios, el equipamiento y la actividad asistencial de los centros penitenciarios a transferir.

Así se ha solicitado en virtud de una proposición no de Ley del Grupo Adelante Andalucía, que ha sido enmendada por el Grupo Popular. Así, en virtud de otra enmienda del PP-A, la Cámara ha instado a la Junta a que reclame al Ejecutivo nacional que pague la asistencia sanitaria a la población reclusa prestada por la Junta, de conformidad con las recientes sentencias judiciales. Dicha punto ha contado con el rechazo de Vox y el apoyo del resto de grupos.

En defensa de la iniciativa, la diputada de Adelante Andalucía Isabel Mora ha señalado que, respecto a la población penitenciaria, el artículo 208 del Reglamento Penitenciario exige, en relación a las prestaciones sanitarias, que a todos los internos sin excepción se les garantice una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población, al tiempo que reconoce el derecho de los internos a la prestación farmacéutica y a las prestaciones complementarias básicas que se deriven de esta atención.

Según ha añadido, la rotundidad de la disposición transcrita "no ha impedido su más radical incumplimiento", de manera que hoy en día únicamente el País Vasco y Cataluña han asumido la referida transferencia. Ha señalado que la actual situación de dependencia de la sanidad penitenciaria de la administración central "acarrea graves deficiencias que provocan que la población reclusa no disfrute de una atención médico-sanitaria y de unas prestaciones farmacéuticas equivalentes a las dispensadas al conjunto de la población".

Para Mora, la transferencia de la sanidad penitenciaria al SAS es una "necesidad urgente y un requisito ineludible para conseguir la equidad y normalización de la sanidad penitenciaria". Ha lamentado que, sin embargo, haya habido una práctica parálisis de esa transferencia necesaria de la competencia.

La diputada del PSOE-A Noelia Ruiz ha considerado que las negociaciones para la transferencia de la sanidad penitenciaria no deberían tener un carácter bilateral del Estado con una comunidad, sino que este asunto debería abordarse en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, entre el Gobierno central y las quince comunidades que tienen pendiente esta transferencia. Ha apuntando que
debe abordarse también como algo prioritario la financiación, de manera que se garanticen los recursos suficientes para las comunidades, y tener en cuenta el personal del que se dispone.

La diputada del PP-A Rosalía Espinosa ha defendido la transferencia de la sanidad penitenciaria, siempre y cuando el Gobierno central garantice la transferencia de los recursos económicos y humanos suficientes, y facilite toda la información sobre los profesionales sanitarios, el equipamiento y la actividad asistencial de los centros penitenciarios a transferir. Se ha referido además al hecho de si el Gobierno nacional debería decidir si el proceso negociador se realiza individualmente con cada comunidad o con las 15 comunidades que actualmente no tienen transferida la competencia.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos (Cs) Concepción González ha manifestado que el de la transferencia de la sanidad penitenciaria no es sólo un problema de Andalucía, sino que es a nivel estatal y lo sufren otras 14 comunidades. Ha indicado que su solución ayudaría a la modernización y normalización de la sanidad penitenciaria y ha añadido que en pleno siglo XXI no podemos permitirnos ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría.

El diputado de Vox Rafael Segovia ha manifestado que para que no haya discriminación en la atención sanitaria a los recursos españoles, no se debería producir la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades, por cuanto "de sobra son conocidas las diferencias sanitarias que existen entre ellas". Ha indicado además que no cree que esa transferencia esté justificada por el interés general para el conjunto de los andaluces.