SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que concedían las ayudas sociolabroales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre los años 2001 y 2010 ha vivido este martes el inicio de la prueba pericial, que se desarrollará, al menos, durante un mes, según algunas fuentes.
A las 10,30 horas, aproximadamente, de este martes comenzaba la sesión número 97 de la vista oral con las preguntas del fiscal anticorrupción Manuel Fernández Guerra a los nueve peritos citados y propuestos por el Ministerio Público, acusaciones y algunas de las defensas para realizar la prueba pericial.
En la Sala, este martes, se encontraban seis de los 22 acusados, entre ellos, los exconsejeros Antonio Fernández y Magdalena, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex interventor general Manuel Gómez y los ex secretario general técnico Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez.
La prueba se desarrollará de forma conjunta y las partes, comenzando por la Fiscalía, podrán preguntar a cada uno de los peritos sobre cualquier cuestión y éstos podrán rebatir a sus compañeros ante cualquier afirmación sobre la que discrepen o no compartan.
Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) comparecen Ángel Turrión Macías, Rosa María Hernández Antón y Eduardo Villaseca Sánchez, quienes junto a Jesús Ruiz-Ayúcar de Merlo, jubilado y eximido por el tribunal de asistir al juicio por enfermedad, elaboraron 275 informes sobre el caso ERE.
Turrión, jefe del equipo designado por la IGAE, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y auditor de cuentas, con más de 40 años de experiencia en la función interventora. Ha resaltado que entre los cuatro compañeros suman más de 130 años de experiencia en el control de cuentas de la administración del Estado.
También ha participado como perito en el caso de los cursos de formación y en de los avales de la agencia IDEA, y en estos momentos lo hace en el caso de los cursos de formación en Galicia. Llevó a cabo tareas de auxilio judicial en el juicio contra la exdirectora de Televisión Pilar Miró por la compra de trajes con dinero público y que finalmente resultó absuelta.
Villaseca, con 27 años de ejercicio en la IGAE, es licenciado en Derecho. Por su parte, Hernández, también con 27 años de experiencia, es licenciada en Ciencias Químicas y ha desarrollado su labor en Control Financiero Permanente.
El equipo de la IGAE, cuyos miembros han ratificado "absolutamente" todos los informes, firmaron su primer y principal informe en diciembre de 2013. Los anexos de los informes, según ha señalado Turrión, están extraídos de la documentación que facilitó el Juzgado y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyo comandante que participó en la investigación se encontraba este martes en el hall de la cuarta planta de la Audiencia.
Los peritos de la IGAE elaboraron, además, cinco informes complementarios y diez adicionales. Los complementarios, según ha detallado Turrión, se realizaron a solicitud del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en relación, por ejemplo, a la actuación de la Cámara de Cuentas sobre el análisis de las ayudas sociolaborales y el informe de la letrada jefe de la Cámara de Cuentas, Margarita Regli; sobre la cuenta general de Andalucía; o sobre las ayudas de la Junta a extrabajadores de la Faja Pirítica.
3.899 PÁGINAS Y 22.855 ANEXOS
Los adicionales, por su parte, eran informes individuales de cada una de las 270 ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L. "275 informes, 3.899 páginas y 22.855 anexos, que afectaban a 270 beneficiarios, dentro del periodo investigado de 2000 a 2010, donde se analiza el procedimiento específico y la concesión de todas las ayudas", ha resaltado el jefe del equipo de peritos de la IGAE.
Ha explicado que la documentación que han barajado es la aportada por el Juzgado, examinada "en su totalidad", y en los anexos están los documentos importantes para "sustentar nuestras conclusiones". "El sistema que hemos llevado a cabo es el de no afirmar nada que esté sustentado en la Ley o en la documentación que nos fue suministrada", ha afirmado. "Hemos procurado no hacer juicios de valor y creo que lo hemos conseguido", ha concluido.
La defensa del expresidente Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano han propuesto a los peritos Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez Lagos, quienes han ratificado el informe que realizaron en enero de 2015, una vez que la Unidad de Estudios Jurídicos de la Universidad Carlos III recibió la solicitud del informe pericial del abogado de ambos acusados. Contaron para elaborar el informe con toda la documentación que obraba en la causa hasta la fecha y el informe de la IGAE, así como algunos de los complementarios.
Zornoza es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y catedrática de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Carlos III. Autor de diferentes dictámenes para la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo, también actuó como perito en la defensa de Pilar Miró, que quedó absuelta.
Por su parte, Martínez Lago es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, subdirector del departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario de la Complutense y autor de un centenar de publicaciones de derecho presupuestario.
La defensa de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha propuesto a Juan Antonio Carrillo Donaire y Juan de Dios Aguilera, quienes presentaron su informe en octubre de 2017, relativo al procedimiento administrativo del programa presupuestario 31L.
Carrillo Donarie, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y catedrático de Derecho Administrativo, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía y su experiencia se centra en Derecho Administrativo, sobre todo en lo relativo a cuestiones de competencia.
Autor de más de un centenar de trabajos en revistas de especialización, ha compartido el informe pericial con el doctor en Derecho por la Universidad de Málaga en Ciencias Económicas Juan de Dios Jiménez Aguilera. Con 42 años de profesor, es catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de Granada. Actualmente, vicerrector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).
Carrillo ha ratificado su informe, para el que contaron con la documentación obrante en la causa hasta que le fue encargado el informe en marzo de 2016. "En los 16 meses de trabajo manejamos la documentación obrante que consideramos relevante, con especial atención al informe de diciembre de 2013 de la IGAE".
DIPUTADO EN EL CONGRESO POR EL PSOE
Juan Ramallo Massanet, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, profesor en la Universidad de Valladolid o en la Autónoma de Madrid, diputado al Congreso entre 1983 y 1989 por el PSOE y miembro del Tribunal de Cuenta Europeo, es el perito propuesta por la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, quien elaboró su informe pericial en abril de 2015, basado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la materia analizada, la competencia del titular de Hacienda sobre la elaboración de los presupuestos, de la dotación de crédito del 31L y el control de este crédito.
Por último, a propuesta del exconsejero Antonio Fernández, comparece José Ignacio López González, catedrático de Derecho Administrativo. Realizó el informe en 2016, centrándose en aspectos generales de competencia, normativa y marco legal.
